La Secretaría de Hacienda presentó al Congreso el balance final de los dineros públicos que se gastaron el año pasado. A través de la Cuenta Pública podemos saber si en efecto el gobierno gastó como había prometido o, por el contrario, cambió las prioridades del gasto. Entre tanta nota política, pasaron desapercibidos los escandalosos números que arrojó este reporte.
Como primer dato, en 2022 se gastó un total de 7.5 billones de pesos, esto quiere decir que se ejerció medio billón de pesos adicionales a lo originalmente aprobado por los diputados ¿En qué se gastó tanto dinero si ya estamos en la austeridad republicana? La intuición coincide con la evidencia. Las prioridades del presidente fueron las que recibieron los mayores recursos adicionales. Por ejemplo, el programa de coordinación de política energética en hidrocarburos (Pemex y Refinería de Dos Bocas) tuvo recursos excedentes por 143 mil millones de pesos, monto equivalente a casi dos veces el presupuesto total del Poder Judicial de la Federación. Ahora que el ataque va dirigido a los recursos ejercidos por los jueces, conviene tener en cuenta la verdadera dimensión del asunto.
El segundo programa presupuestario con mayores recursos extras fue el de Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, a través del Tren Maya que lleva a cabo la Secretaría de Turismo vía Fonatur. Tan solo en 2022 se destinaron 116 mil millones de pesos de más a esta obra pública, dinero que alcanzaría para pagar más de ¡100 veces! el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que el Senado ha dejado inoperante por falta de nombramiento de los comisionados.
El tercer gasto extraordinario del Gobierno Federal fue precisamente a la deuda pública, parte del discurso emblema de la actual administración. Para el año pasado, los legisladores habían estimado un costo de la deuda de 580 mil millones de pesos, esto sin considerar el endeudamiento que enfrentan actualmente Pemex y CFE. La Cuenta Pública reflejó que se destinaron 72 mil millones de pesos adicionales, cifra que alcanzaría para pagar 3.5 veces el presupuesto completo del INE para este año. Además, vale la pena aclarar que, en realidad, lo más caro son los partidos políticos al representar uno de cada tres pesos que gasta dicho Instituto.
Las cifras no paran, podríamos seguir con los recursos ampliados que ejercieron los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas, otros apoyos a funcionarios públicos y los recursos transferidos a los estados. Lo mismo sucede si vemos lo que ocurrió con los presupuestos de las Secretarías: la de Energía gastó 306% más, la de Hacienda y Crédito Público gastó 2 veces su presupuesto original. En el otro extremo, la Secretaría de Salud gastó 5.8% menos y la de Seguridad Pública y Ciudadana ¡casi 40%! de recorte. Así las verdades prioridades del gasto público.
Poner en perspectiva los números ayuda a entender qué le preocupa e interesa al gobierno, pero aún más importante, pone en evidencia el propósito real de las decisiones tomadas por nuestros gobernantes. Ahora será turno de nuestros legisladores y cuerpos técnicos, como la Auditoría Superior de la Federación, el analizar a detalle y llamar a rendir cuentas. Las funciones, facultades y sanciones ahí están, nos toca a todos hacer presión para que no sean letra muerta.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
