Por Magdalena de Luna
En el contexto nacional, existen problemáticas y grupos sociales que, por su valor estratégico en el desarrollo del país, por la gravedad del problema, por su urgencia o grado de vulnerabilidad, merecen la atención de diversos sectores y no solo de uno de ellos. Tal es el caso, por ejemplo, de la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención del delito, el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y la atención de las niñas, niños y adolescentes.
Estas problemáticas de atención especial y multisectorial están casi siempre asociados a programas y políticas públicas igualmente transversales e intersectoriales, normalmente establecidas en sus leyes específicas, pero, ¿qué utilidad tendrían estos programas transversales si no tienen asociado un presupuesto específico?
Es por ello que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se establecen los ANEXOS TRANSVERSALES, que como su nombre lo dicen, visibilizan la asignación de recursos concurrentes que destinan las distintas dependencias y sectores para atender estas problemáticas complejas.
Intuitivamente, es fácil pensar que entonces, las prioridades establecidas en los programas transversales, están directamente relacionadas con los programas presupuestarios y sus recursos, que se establecen en estos presupuestos transversales, pero: Del dicho al hecho, hay mucho trecho.
Pondremos el foco en el Programa Especial de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y su presupuesto transversal establecido en el anexo presupuestario.
El anexo transversal para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes existe en el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el 2012; en ese entonces se construyó desde la Secretaría de Hacienda, con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, y tomando como referencia las acciones, programas y recursos que se destinaban a la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
En diciembre de 2014 se publicó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que detalla con mucha precisión cuales son los derechos de la niñez y que implicaciones tiene cada uno de ellos, además establece la obligación de publicar el Programa Especial de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto representa un gran avance en materia de políticas públicas para la niñez, ya que este programa, toma como referencia los derechos de los niños plasmados en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la propia Ley General; establece objetivos, estrategias y acciones específicas además de señalar la dependencia encargada de la realización de estas acciones.
Tanto el Programa Especial como el Anexo transversal tuvieron momentos y referentes distintos, por lo que desde 2012 y hasta 2022 estos dos instrumentos de política pública habían tenido rumbos y destinos paralelos, como su no tuvieran relación alguna entre ellos; no fue sino hasta el 2022 que la Secretaría de Hacienda publicó la Metodología para la estimación de los recursos asignados a los programas presupuestarios del Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”(Anexo 18). Estos lineamientos establecen la ruta para que las unidades responsables de los programas identifiquen los objetivos prioritarios del Programa y con base en ello definan los presupuestos que integrarán en anexo trasversal. Esto sin duda es otro gran avance para que el programa especial identifique los recursos necesarios para la consecución de sus objetivos. Aquí es donde la distancia entre el dicho y el hecho, abre más el trecho.
El Programa Especial (PRONAPINNA) fue construido intersectorialmente, con la participación de 55 dependencias de la administración pública y establece 4 objetivos prioritarios 21 estrategias y 145 acciones puntuales para garantizar los derechos de las niñas y niños y restablecerlos cuando estos han sido vulnerados. Para ello involucra el actuar de 54 dependencias y 8 organismos colegiados.
Tras el análisis del Anexo transversal en el presupuesto 2024 encontramos que existen acciones de vital importancia en el programa especial que no tienen referente en el Anexo presupuestario, por ejemplo, el programa tiene previsto generar un mecanismo de distribución de alimentos altamente nutritivos para las niñas y niños, especialmente en condicione de pobreza; y establece que SEGALMEX tiene esta responsabilidad; sin embargo, SEGALMEX y sus programa presupuestario no está presente en el Anexo; lo mismo pasa con las estrategias para la niñez migrante sin que el Instituto Nacional de Migración tenga presencia en el anexo, o lo que sucede con la atención a los adolescentes en conflicto con la Ley, sin que haya presencia de ningún programa o unidad responsable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Mire usted, son 34 las dependencias de la Administración Pública federal que tienen mandato en el programa especial y que no establecen sus presupuestos en el anexo correspondiente, destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Coordinación Nacional de Protección Civil, entre otras.
Desde el Pacto por la Primera Infancia creemos que los presupuestos públicos y sus instrumentos de visibilización y control son un medio para la protección y garantía de los derechos y no un fin en sí mismo. Los propósitos, fines y objetivos están en los Programas Especiales que definen las atenciones; entonces, los presupuestos deben servir a estos propósitos o no sirven.
Reiteramos que sin duda es un gran avance que exista ya una metodología para la construcción del anexo tomando como referente los objetivos del programa, ahora invitamos a que el proceso sea a la inversa; que se convoquen a todas las unidades responsables de los programas con acciones específicas en los programas, para que hagan los cálculos correspondientes y estén reflejados en los anexos. Que estén todos los que son y que sean todos los que están.
Estamos ante la nueva oportunidad de diseñar un nuevo Programa Especial de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, derivado del Plan Nacional, hagamos que este y todos los programas transversales tengan un referente presupuestal que sea útil a los propósitos y prioridades que se fijarán próximamente. Cerremos el trecho entre el dicho y el hecho. Ahora es cuando.
Coordinadora Nacional de Política Territorial del Pacto por la Primera Infancia
@Pacto1aInfancia
