Esta semana tocará a la Cámara de Senadores la discusión sobre la extinción de los fideicomisos. Se anunció por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, que se turnará para dictaminar la minuta a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda sin un proceso de “parlamento abierto”. La extinción de los fideicomisos dividió votos inclusive en los diputados, se aprobó por 242 votos a favor, hubo 178 en contra, 7 abstenciones y 73 diputados que no votaron.
La discusión lleva ya meses en el debate público. El 20 de mayo se presentó la iniciativa por diputados de Morena con el argumento de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos. Se convocó a un “parlamento abierto” donde los distintos sectores tuvieron la oportunidad de explicar sus argumentos en contra de esta iniciativa. Ninguno de ellos fue tomado en cuenta. Una simulación más y la prostitución del término parlamento abierto.
Analizando los argumentos a favor de su extinción objetivamente, no existen razones para dar trámite a este machetazo de recursos. Los fideicomisos son un instrumento jurídico. El fideicomitente, en este caso mayoritariamente el gobierno destina recursos públicos, en la mayor parte de los casos, por existir una obligación legal de hacerlo, a un propósito específico. El fiduciario, una institución bancaria los administra y los fideicomisarios reciben esos recursos.
La amplitud de su funcionamiento hizo posible el uso y abuso de esta figura. Este manejo opaco y posiblemente corrupto, derivó en una serie de reformas legales. En 2015, la Ley General de Transparencia los incluyó como sujetos obligados a publicar información y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha señalado en distintas resoluciones que el secreto fiduciario no es aplicable a los fideicomisos, fondos públicos y contratos análogos. Además, los fideicomisos públicos cuentan con comités técnicos que operan con reglas y lineamientos. Las decisiones son discutidas, valoradas y consensuadas. Como todo ordenamiento jurídico, es perfectible, pero en los últimos 5 años avanzó en materia de transparencia.
Nadie cuestiona que un proyecto de ciencia, investigación, libro, entrenamiento para las olimpiadas o realización de una película requiera más de un año. Con este propósito se constituyeron fideicomisos para avanzar en la gobernanza de las finanzas públicas. Asegurar recursos para su realización y funcionamiento independientemente del jaloneo presupuestal / político de cada año. Ya no hablemos de aquellos centros de investigación que generan sus propios recursos o buscan cooperación internacional y que depositan recursos en estos fideicomisos.
Claro que debemos escandalizarnos si hay fideicomisos para mantener prebendas y gastos personales injustificados, recursos para adquisición de inmuebles o casas de magistrados que más que cumplir un propósito público son una ofensa para la población. Desafortunadamente esos no son los fideicomisos que se están eliminando. De los fideicomisos contemplados, 91 corresponden a investigación sobre pobreza, el desarrollo de ciencia y tecnología o sustentabilidad energética. Los otros 18 comprenden al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) o el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, entre otros.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un esfuerzo por justificar su extinción, logró sintetizar lo que hay: una promesa que no se convertirá en realidad sin recursos de por medio. Lo que contiene la minuta que discutirá el Senado es una eliminación de tajo a los fideicomisos, sin una valoración y análisis previo. Lo que hay es incertidumbre sobre poder contar con estos recursos en el presupuesto de este y de siguientes años. Lo que queda es un control político sobre estas actividades y sectores.
Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.
@ManuGuadarrama
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