A pesar del descontento de miles de personas, de las movilizaciones de una gran parte del cuerpo judicial, de las advertencias internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, la reforma judicial al parecer se cumplirá. Eso indica que se llevarán a cabo elecciones en 2025 para elegir a las personas juzgadoras.
Entre los argumentos de quienes han impulsado esta reforma se ha señalado una y otra vez la supuesta democratización del sistema judicial por la elección directa de quienes impartirán la justicia, harán cumplir la ley, la Constitución y los tratados internacionales en México. Pero la democracia no solamente se mide por lo electoral sino también por la igualdad y la inclusión.
Esta reforma ha quedado a deber a todas las poblaciones históricamente excluidas de la toma de decisión dentro de los tres poderes. El Congreso de la Unión durante el proceso legislativo no tomó en cuenta ni las reivindicaciones de las poblaciones de atención prioritaria, ni tampoco la jurisprudencia, ni los precedentes en materia de acciones afirmativas de los procesos electorales pasados. La convocatoria publicada el 15 de octubre de 2024 tampoco incluye mecanismos de representatividad.
Las acciones afirmativas son herramientas fundamentales para corregir desigualdades históricas y estructurales. Primero nacieron las acciones afirmativas para contribuir a mejorar la representación de las mujeres hasta llegar a la paridad. Después se extendió la dinámica a las poblaciones indígenas, y en 2021 y en 2024 se integraron cuotas obligatorias también para las poblaciones con discapacidad, las poblaciones de la diversidad sexual y de género, las poblaciones afrodescendientes, las personas migrantes en el exterior.
A pesar de los avances, que el Congreso de la Unión aún no plasma en la ley, estas elecciones no contemplan cuotas para grupos poblacionales subrepresentados. Esta omisión legislativa, de no ser subsanada por las autoridades correspondientes, perpetuará una injusticia estructural y una violación a los derechos político-electorales en un sistema que sigue excluyendo a las personas de la diversidad sexual de los espacios de poder, obstruyendo la posibilidad de ser representadas en condiciones de igualdad. Al ser al menos el 5% de la población, entonces el sistema judicial debería de contar con al menos el 5% de personas juzgadoras de la diversidad sexual y de género, empezando por el 5% de las candidaturas.
Josué Nava, abogado y defensor de derechos humanos, convocó a activistas, y personas de la diversidad sexual y de género para presentar juicios en materia de protección de derechos políticos electorales contra la reforma. “Por principio de progresividad de los derechos humanos la organización de las elecciones para las personas juzgadores debe de incorporar al menos las mismas acciones afirmativas que se realizaron este año de 2024.” Alerta Rebeca Garza, activista, especialista en temas electorales y promovente de un recurso, sobre un retroceso anunciado.
Que estemos o no a favor de la reforma, como bien lo señalan los precedentes, los recursos interpuestos, las sentencias y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado mexicano debe adoptar esas acciones para no dejar a nadie atrás.