La organización internacional The World Justice Project presentó su sexto informe del Índice de Estado de Derecho 2023-2024. Esta herramienta es de las mediciones más completas del mundo gracias a la evaluación en 142 países de 42 factores organizados en 8 dimensiones: Límites al poder gubernamental - Ausencia de corrupción- Gobierno abierto- Derechos fundamentales- Orden y seguridad - Cumplimiento regulatorio - Justicia civil - Justicia penal. Su metodología única se basa en la compilación y análisis de tres fuentes de datos: 1. La información institucional oficial de gobiernos e instituciones. 2. Una encuesta realizada a 12 mil personas ciudadanas. 3. Un cuestionario aplicado a más de 2 mil personas especialistas de distintos sectores de la sociedad.
Con un estancamiento general, especialmente en materia de ausencia de corrupción, de una reducción en gobierno abierto con una contracción del espacio cívico y de la participación ciudadana, México está en el lugar 116, con un promedio de 0.41 entre las 32 entidades evaluadas. El Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero salen están en las peores calificadas. Sin embargo, los derechos laborales se han fortalecido en 19 entidades gracias a la Reforma Laboral reciente. En materia de orden y seguridad, la percepción de la población ha mejorado ligeramente, con 24 estados que aumentaron su puntaje y 2 lo mantuvieron con respecto al año pasado. Pero las cifras oficiales de homicidios, de incidencia y prevalencia delictivas siguen estando en niveles altos y preocupantes para la construcción de paz en México.
Con respecto a la justicia, el World Justice Project señala un deterioro, por ejemplo, con una disminución en 17 estados de la garantía del debido proceso o con investigaciones de los delitos que continúan siendo “el rubro con el puntaje promedio más bajo de todo el Índice”. En México la justicia sigue siendo víctima de la corrupción, de la usurpación política discrecional, de su inaccesibilidad, de su ineficiencia con tasas de impunidad que impiden el fortalecimiento del Estado de Derecho. Más de 9 de cada 10 delitos no se denuncian por la desconfianza en las instituciones y un porcentaje ínfimo de los pocos delitos denunciados se resuelven. En paralelo, como bien señalan las organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema, 4 de cada 10 personas que se encuentran privadas de la libertad en los reclusorios no han recibido sentencia.
Las problemáticas prioritarias que enfrenta el modelo de justicia en México son mucho más complejas que el mecanismo de nombramiento de las personas que la imparten. Gracias a datos certeros, existe la oportunidad de proponer una gran reforma judicial abierta, accesible, con el tiempo adecuado, con una conversación pública plural y la participación de todos los sectores rumbo a la construcción de consensos frente a la amenaza aplanadora de la decisión de unos cuantos o de encuestas sesgadas.
La justicia es un contrapoder esencial para una democracia funcional. Es una materia técnica que balancea, impacta a toda una sociedad en lo colectivo y en lo individual. Necesitamos un mejor modelo de justicia. Para ello se requiere de evidencias, profesionalismo, democracia y Estado de Derecho.
