De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza creció con más de 3.8 millones de personas más debido a la crisis provocada por la pandemia. En México, ya 55.7 millones de personas viven en situación de pobreza. A su vez, el país se encuentra entre los primeros del mundo con respecto a la obesidad, especialmente infantil. Una alimentación sana es clave para el desarrollo humano de la población. En la Asamblea General de la ONU, la seguridad alimentaria fue uno de los temas prioritarios y con grandes preocupaciones para la región. En América Latina y el Caribe la obesidad ha aumentado de un 50% en diez años.
A pesar de la mala alimentación, más del 36% de los alimentos se desperdician en México, por cuestiones logísticas, pero también por comportamientos de consumo perversos que buscan la venta y compra de la fruta o verdura físicamente “perfecta”. El modelo de alimentación debe replantearse por cuestiones de salud pública, por su alto costo ambiental y por una repartición socioeconómica extremadamente desigual entre el campo y los profesionales de la industria agroalimentaria.
El modelo de alimentación que hemos escogido empeora cada vez más el colapso climático. La demanda masiva provoca una producción intensiva que degrada altamente nuestros ecosistemas. Lo que comemos tiene un alto costo ambiental por la contaminación que su producción o fabricación genera. Las malas prácticas agrícolas son responsables de cerca del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La deterioración química de los suelos y la deforestación reducen la capacidad de absorción de carbono de los suelos y de las plantas.
Al respecto, la semana pasada se negó el primer permiso de importación de nuevas variedades de semillas genéticamente modificadas para resistir al glifosato, una sustancia usada como pesticida muy dañino para nuestros ecosistemas, su regeneración y para la salud pública. De hecho, un decreto presidencial elimina progresivamente el uso del glifosato, medida que debe traducirse con las reformas legislativas adecuadas para un impacto real.
La respuesta alimentaria debe construirse de manera coordinada, iniciando por la vinculación y planeación entre actores locales: juntar al campo, los centros de distribución, comedores comunitarios, sociedad civil, academia, gobierno e iniciativa privada para crear un sistema alimentario transversal que luche por la seguridad alimentaria focalizada desde una visión de salud pública, educación y protección de nuestros ecosistemas.
En la Ciudad de México, la Central de Abasto ha iniciado mejores prácticas desde el principio de la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum con un cambio de paradigma en su gestión pública, especialmente con la creación de ITACATE, banco de alimentos vinculado a los comedores comunitarios. Sin embargo, hace falta crear este sistema transversal de coordinación y darle la prioridad a la respuesta alimentaria frente a la gravedad de la situación social, económica, ambiental y de salud en la materia.
Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación con especial enfoque sobre la afectación de los alimentos sobre nuestra salud, la del planeta y sobre los héroes de la alimentación.
