Los debates para la regulación cannábica están por reanudarse en el Senado. ¿Será por fin la última llamada para una regulación justa, digna, incluyente y basada en los derechos humanos? ¿Seguirán posponiendo su aprobación abusando del ping pong parlamentario con la Cámara de Diputados? ¿Asistiremos a la complicidad política con grupos de presión de la industria privada y extranjera? ¿Será una regulación que privilegia el mercado o los derechos? Estas preguntas son las incógnitas que están sobre la mesa desde hace ya demasiados años.
Que no quepa duda, la batalla por la regulación basada en derechos la inició y la siguen dando la ciudadanía, la sociedad civil organizada y el activismo cannábico. Al no ser tomados en cuenta por los Gobiernos y los poderes legislativos, tuvieron que usar mecanismos jurídicos y el litigio estratégico para romper con las violaciones permanentes a los derechos humanos y la criminalización abusiva de las personas usuarias.
En seguimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la cannabis por la Suprema Corte, el Congreso sigue estando en deuda con la ciudadanía, con la legalidad y el Estado de Derecho. El regreso al Senado, de Olga Sánchez Cordero da la esperanza para trazar el camino de la regulación justa apoyada por grandes personalidades aliadas de la causa como Jesusa Rodríguez, Patricia Mercado, Emilio Álvarez Icaza o Dante Delgado entre otras quienes han hecho suyas estas reivindicaciones sociales.
Si bien lo resuelto por la Corte es un paso para la progresividad del derecho, hasta ahora la regulación propuesta aún tiene muchas deficiencias. No se descriminaliza la semilla y la planta como tal, sino que se pretende establecer una serie de restricciones resultadas de los estereotipos sociales y culturales de cierto sector político. Tampoco se impulsa un esquema de justicia social que le diera prioridad al campo, a las y los pequeños productores con base en un modelo agroecológico fundamental para la regeneración de la tierra.
La cannabis puede ser una herramienta de desarrollo y de lucha contra la pobreza en México, impulsando una variedades de actividades medicinales, industriales, agrícolas e incluso de remplazamiento de materiales y plásticos derivados del petróleo. Pero para ser realmente eficiente para las comunidades el modelo regulatorio deberá proteger a la gente y a la tierra de las prácticas agrícolas intensivas y desleales que provocan la esclavitud local, la destrucción de los suelos y de las especies, como lo ocurrido en su momento con el café o el cacao.
Mientras suceda, los Congresos y gobierno locales pueden impulsar la prioridad cero para la persecución penal de los delitos de portación simple de cannabis. ¿Se atreverá el Congreso de la Ciudad de México, retomando la iniciativa atinada del entonces Alcalde Vidal Llerenas?
Tomar en cuenta la experiencia y el conocimiento de organizaciones como el Frente Cannábico del Sureste, el Movimiento Nacional Cannábico o la coalición Regulación por la Paz desde un enfoque de incidencia real será determinante para realmente detonar un cambio de paradigma necesario para una regulación justa. ¿Esta última llamada cannábica se dará con las y los mexicanos o con el neoliberalismo transnacional?