Suele escucharse que estas elecciones son históricas especialmente por dos razones: por el alto número de cargos públicos que se están definiendo y porque en el ámbito nacional hasta ahorita dos mujeres encabezan las preferencias electorales en las encuestas para la presidencia.
Pero estas elecciones también son históricas por una tercera razón: un nuevo electorado para la elección presidencial: las personas en situación de privación de la libertad que no han recibido sentencia y se encuentran en prisión preventiva, lo que representaría al menos 50 mil personas. En México, casi 4 de cada 10 personas detenidas en los reclusorios no cuentan con sentencia, y en muchas ocasiones desde hace varios años, por un sistema de justicia inaccesible, injusto e ineficiente. Eso fue posible gracias a una sentencia del Tribunal Federal Electoral, a partir de una demanda de casos individuales, que reconoció y regresó los derechos políticos de las personas en prisión sin sentencia.
Dentro de este ejercicio histórico para la democracia, la participación de la sociedad civil ha sido clave para diseñar, acompañar y observar este ejercicio. El Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social ha desempeñado un trabajo inédito logrando, junto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevar a cabo el primer debate de partidos políticos en prisión, moderado por la talentosa periodista Luisa Cantú. Valentina Lloret y Angela Guerrero, junto con su equipo de CEA Justicia Social están realizando un trabajo de incidencia y visibilización histórico para la democracia, poniendo nuevamente la Ciudad a la vanguardia. El tema principal también fue innovador ya que trató sobre el sistema de cuidados. La organización señala que la Ciudad de México, Hidalgo y Chiapas son las únicas entidades que reformaron la legislación para que las personas en prisión preventiva pudieran votar, además de la elección presidencial, también para diputaciones locales, alcaldías y Jefatura de Gobierno.
¿Funciona el sistema penal de encarcelamiento sistemático sin acceso a una justicia incluyente para reducir la violencia? Este acontecimiento nos llama a la reflexión sobre lo que está sucediendo en las cárceles en México y la ola del populismo penal. Las personas legisladoras o que gobiernan han estado aumentando las penas de cárcel para cada vez más delitos e incluso han ampliado el catálogo de delitos para aplicar prisión preventiva. A pesar de que la Constitución señala que una persona no puede estar en la cárcel sin sentencia más de dos años, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya señalado esos abusos en México, la tendencia del encarcelamiento sin justicia sigue, afectando especialmente a grupos poblacionales y vulnerados por el Estado como personas indígenas, personas en situación de pobreza, juventudes o mujeres.
En democracia la violencia no se resuelve con más cárcel ni con más violencia. 2024 es la oportunidad de proponer un nuevo modelo de construcción de paz basado en la participación de todos los sectores de la sociedad, junto con todas las fuerzas partidistas, con conversación ciudadana y evidencia científica, con la sociedad civil, con las madres buscadoras. México demanda paz.
