Desde hace más de 100 años la Constitución estableció la división de poderes para generar equilibrio y contrapeso entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.
Un principio democrático malentendido y llevado al extremo por el expresidente López Obrador, al considerar una afrenta personal las resoluciones judiciales.
Para el partido político en el poder, la batalla inició cuando jueces, magistrados y ministros frenaron o dieron marcha atrás a las reformas legales que proponían para la llamada 4T.
Así, el principal objetivo en las pasadas elecciones, era obtener la anhelada mayoría calificada en el Congreso, y al alcanzarla, los resultados no se hicieron esperar.
Mancillando su propio discurso, la tentación por concentrar el poder dejó en el olvido la frase: “Al margen de la Ley, nada… por encima de la Ley, nadie”, sumando al poder legislativo en ese juego de vencidas.
Sin mayor justificación que el “mandato del pueblo”, se impusieron reformas que comprometen el funcionamiento y autonomía del poder judicial, al someterlo a escrutinio y selección de los otros dos poderes.
Recordemos que “el poder” es solo uno, sin embargo, se divide para ejercerse y no concentrarse en una sola persona o institución; creando una guerra del poder, por el poder mismo.
En el campo de batalla se vislumbraba a la ciudadanía en busca de justicia indefensa, con procesos en vilo y en la incertidumbre.
Así, el fuego cruzado de reformas constitucionales y resoluciones judiciales, deja como saldo la crisis del sistema jurídico, instituciones debilitadas, y en el olvido, la expectativa de carrera judicial de estudiantes y profesionistas del derecho.
Cegado y encumbrado en soberbia legislativa, el Congreso de la Unión avalado por legislaturas de los estados, ha logrado establecer que sus decisiones y propuestas a partir de ahora quedarán escritas en piedra.
Me explico: ahora es regla constitucional que las reformas aprobadas a la misma, sean inapelables, creando una especie de superioridad de las decisiones legislativas.
Con eso, se impide que las reformas sean revisadas jurídicamente, a través de cualquiera de los conocidos “medios de control constitucional”.
Es decir, ahora la Constitución, es víctima de su propia redacción, sin tener quien le ampare.
Como dato curioso, estos primeros 30 días de la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta, destacan más por la herencia de su antecesor, que por promesas de campaña cumplidas:
Crisis de inseguridad, enfrentamiento de grupos armados en diversos estados, la resaca legislativa de la guerra contra el poder judicial, y un terreno político en efervescencia ante la imposición de una mayoría en vez del diálogo democrático.
Hoy, el ejercicio del poder se ha concentrado en una sola voluntad: la de Morena, alejando al país de la democracia que permitió la alternancia en el poder.
Analista de temas de desarrollo urbano y planeación
@gabysalido
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