Como ya hemos comentado en este espacio, las amenazas que se plantearon a principios de año se han materializado en muchos aspectos para México. Por un lado, la presión sobre la inflación derivado de varios factores, entre ellos la variabilidad del tipo de cambio, la incertidumbre y la volatilidad financiera internacional. Otro escenario adverso que se perfilaba para este año se concentraba en un menor ritmo de crecimiento y cierta desaceleración para el segundo semestre del año, que también ya se han verificado.

Los riesgos derivados del proceso electoral dieron paso a otro tipo de incertidumbre relacionada con el estilo de trabajo y las propuestas del presidente electo y su equipo de trabajo, que, en una transición de gobierno inédita, ha permeado en la administración saliente y que empieza a tocar los mercados, primero con la percepción y posteriormente con decisiones de inversión.

Las calificadoras de deuda fueron las primeras en señalar riesgos y temores respecto a la conducción macroeconómica del futuro gobierno por un lado, y por el otro, en relación al manejo de las finanzas públicas, las cuales se encuentran altamente vulnerables ante cambio en las tasas de interés en EEUU, así como en relación al margen de endeudamiento en proporción al PIB.

Otros organismos internacionales como el FMI y la CEPAL han ajustado sus pronósticos de crecimiento “a la baja” para la economía mexicana. Ciertamente, las amenazas aún se visualizan en el horizonte de corto plazo, respecto a las negociaciones del TLCAN 2.0 y el rediseño de presupuesto de egresos de la federación 2019.

Efectivamente, la transición de gobierno apenas comienza formalmente, el intercambio de información, los diagnósticos y las recomendaciones que naturalmente deja una administración saliente que deja pendientes.

El tema del presupuesto es central, dado que se anuncia el mayor gasto social de la historia y se cuenta con muy pocos recursos para ampliar ese segmento del gasto. Por ejemplo, ya se anunció a las Instituciones de Educación Superior, que al menos su presupuesto no bajará, pero a su vez se plantean nuevas instituciones de educación superior y se negocian aumentos significativos de cobertura mediante la gestión adecuada de la matrícula de nuevo ingreso.

Paulatinamente los compromisos de campaña y los famosos 500 mil millones de pesos de ahorros, economías y reasignaciones toman forma en el nuevo presupuesto que negocian el equipo de transición de gobierno y la administración actual.

La incertidumbre también se expresa en el tema de la “seguridad de las inversiones” y la “continuidad de proyectos” en marcha, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de los contratos generados a raíz de la reforma energética. Estas señales que no fueron codificadas como riesgos durante el proceso electoral, hoy se expresan como duda razonable, incertidumbre y expectativas moderadas de inversión.

El presidente electo ha iniciado una campaña de “reconciliación nacional” con el propósito de dar confianza, seguridad y certidumbre sobre el rumbo del país y la naturaleza de los cambios que propone la nueva administración, a la luz de la continuidad de un modelo capitalista de producción y consumo, con una estrategia de inclusión social muy amplia y el impulso a la actividad productiva a la que ha llamado “progreso con justicia social”.

La campaña de reconciliación nacional también ha ido acompañada de grandes proyectos sexenales que darán rostro a la nueva administración en su enfoque de compensación social y equidad regional.

Los anuncios de los proyectos estratégicos han servido también para animar un diálogo permanente con el presidente electo y algunos de sus colaboradores con mayor visibilidad política y social. Con ello se mantiene una interlocución permanente con la prensa, pero también con otros agentes sociales, como el sector empresarial, al cual se le ha dado especial espacio de diálogo y reconciliación.

Por otro lado, la interlocución política con los poderes judicial y legislativo ha sido una marca en este periodo de transición -precisamente- para mandar las señales de respeto a la autonomía de los poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos y a las instituciones del Estado mexicano.

Aun así, los riesgos emergen, los analistas opinan y se ajustan los pronósticos de crecimiento económico, inflación y empleo. Sin duda, empieza la “disonancia cognitiva”. Por un lado el optimismo y ánimo social de cambio que ha demostrado mantenerse durante las tormentas mediáticas que se ciernen sobre temas como la Reforma Educativa y el NAIM. Por otro lado, con menos éxito -pero marcando el “dedo en la llaga”- los reportes de calificadoras, “thinktanks”, centros de estudios y organismos internacionales que señalan aspectos críticos a resolver como un presupuesto balanceado, controlar el nivel de endeudamiento, combatir la corrupción, mejorar el nivel de inversión pública, controlar la inflación, aumentar el nivel de productividad y el financiamiento en la economía, entre otras cosas que minan las expectativas y relativizan el entusiasmo de la arena política.