La partida ambiental será de las más afectadas por los recortes anunciados en el proyecto de presupuesto 2025. Deuda pública, débil crecimiento económico, falta de una recaudación fiscal más justa, deudas, herencia de altos costos de grandes proyectos ineficientes (Dos Bocas o del tren militar, mal llamado tren maya), y, la partida creciente para programas sociales: son de los elementos que ponen en aprieto financiero a la nueva administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presupuesto asignado al Ramo 16 “Medio ambiente y recursos naturales” es 40% más bajo que en 2024. Casi su totalidad se usará para la Comisión Nacional del Agua (Conagua): una prioridad necesaria pero una situación que deja en el desamparo a sectores y acciones ambientales claves. Por ejemplo, la protección de las Áreas Naturales Protegidas (con 1 peso por hectárea) o la fiscalización y procuración en materia de justicia ambiental, área en completo abandono y desacato incluso por parte del Gobierno de México, como con las suspensiones no acatadas en los tramos del tren militar.

La titular de la Semarnat Alicia Bárcena, tendrá que tomar decisiones frente a las inconsistencias y violaciones múltiples de la legislación ambiental en el caso de los tramos 5,6 y 7 del mal llamado Tren Maya, e intentar sanar “una herida en el sur”, como bien lo retrata en su documental, libre y disponible en línea, la organización Kanan Derechos Humanos.

Otro reto será impedir la construcción del megaproyecto extractivista de gas “Saguaro Energía” en el Golfo de California denunciado por más de 30 organizaciones. No solamente amenaza los ecosistemas marinos, sino también al 85% de los mamíferos marinos en México, así como las dinámicas de vida de las comunidades locales enfocadas en pesca y turismo. La organización Práctica Laboratorio para la Democracia proyectará el documental “Three Cheers for The Wale” sobre el tema este martes 26 de noviembre a las 7 pm en Nativo – Hacienda Covarrubias (San Miguel Chapultepec, CDMX).

En ese presupuesto nuevamente se etiquetan recursos en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático a infraestructura y subsidios para dependencias como la Secretaría de la Defensa, seguramente para usarse en las próximas catástrofes de manera reactiva.

El Estado mexicano está en deuda con el clima, con la justicia ambiental y con la regeneración de la tierra. A pesar de las peticiones ciudadanas sigue sin emitir la Declaratoria de Emergencia Climática, sin contar con una estrategia efectiva de protección a personas defensoras del territorio, sin publicar una estrategia y ley de adaptación y mitigación a la crisis climática que debe empezar por la vía fiscal contra grandes empresas despojadoras, extractivistas y colonialistas, sin aprobar la prohibición constitucional del fracking, sin una Ley de desplazamiento forzado por causas climáticas, sin plan de descarbonización, entre muchos otros pendientes.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República aún están a tiempo de corregir y mejorar la partida ambiental. Las personas que menos tienen son las más afectadas por las consecuencias de una crisis climática que será cada vez más presente e intensa. ¡Sin justicia ambiental, no hay justicia social!