Por Armando Vargas
Debido al endeudamiento en el que incurrió López Obrador al cierre de su sexenio, en su primer Paquete Económico para 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum busca disminuir el déficit público a costa del gasto de inversión y el gasto social. En dicho marco, de acuerdo con el análisis de México Evalúa, los rubros clave para la seguridad pública sufrirán recortes.
En comparación de 2024, los presupuestos para Defensa (antes Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) se redujeron, respectivamente, 43.8%, 36.2% y 12.1% en términos reales. De este modo, el gasto por concepto de Seguridad Nacional y Policías pasó de 0.7% del PIB en 2024 a 0.5% para el próximo año: el más bajo desde 2012.
Estos recortes a la seguridad pública son inusuales y ocurren en el peor momento posible. AMLO no solamente le heredó finanzas públicas debilitadas a la presidenta Sheinbaum, sino una crisis de violencia criminal. Vamos por partes.
Por un lado, la evidencia sugiere que, para la construcción de seguridad, el presupuesto importa. De 2012 a 2023, existen correlaciones negativas entre el gasto destinado a la Seguridad Nacional y Policías y los millones de víctimas y los millones de delitos, reportados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi. Aunque las correlaciones son endebles, ambas tendencias muestran que, en alguna medida, a mayor gasto menos delitos y víctimas o, dicho de otra manera, más seguridad.
Por otra parte, la propia ENVIPE muestra un repunte de la violencia criminal de 2022 a 2023. El número de víctimas incrementó 3.8% y los delitos, 16.8%. Además, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en comparación de 2023, en lo que va de 2024 se observa un incremento de la violencia homicida en 15 entidades federativas distribuidas en todas las regiones del país.
Lo anterior, debido al recrudecimiento de las guerras criminales por la disputa de diversos mercados ilícitos: desde el cobro de piso hasta el tráfico de migrantes. Algunos de estos 15 estados se encuentran inmersos en procesos de violencia desde hace años, como Colima, Morelos o Guerrero; pero también hay territorios que comienzan a entrar de a poco en procesos sostenidos de violencia, como Querétaro, Yucatán y la propia Ciudad de México.
En este marco, la reducción del presupuesto para Defensa, SSPC y Semar no solamente es inusual, sino que, como dijimos, llega en el peor momento. Ante el incremento de la violencia habrá menor presupuesto que, en la práctica, reduce la capacidad para realizar labores efectivas de prevención y contención del crimen, pues habrá menos recursos para cubrir sueldos y prestaciones de personal administrativo y policial, para equipamiento e infraestructura y, directamente, para financiar operaciones en campo.
En particular, el secretario de Defensa, el General Ricardo Trevilla, y el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, tendrán que hacer esfuerzos mayúsculos para hacer mucho más con menos. El primero tiene a su cargo la operación de la Guardia Nacional, la policía más importante del país, y Trevilla, nuevas funciones y dependencias de inteligencia.
La coordinación y la operación en un contexto de recursos escasos deberá resultar en tiros de precisión contra el crimen y la violencia o los resultados serán desastrosos. Más allá de la confianza que la presidenta deposite sobre estos actores por su capacidad técnica, lo cierto es que los recortes implican un riesgo importante de ineficacia gubernamental en materia de seguridad pública para el próximo año.
Frente al aumento de la violencia criminal no existen argumentos sociales para recortar de forma tan desproporcionada el gasto en materia de seguridad pública. Habrá quienes argumenten que el recorte responde a la necesidad de reducir el déficit público para evitar una crisis económica. Sin embargo, el Paquete Económico 2025 parece estar guiado por criterios ideológicos más que financieros.
Mientras que sufrirán recortes rubros prioritarios para el desarrollo sostenible como la seguridad nacional y la salud pública —que son la auténtica base del bienestar en tanto que permiten toda actividad política, económica y social—, los programas sociales estrella de la presidenta Sheinbaum tendrán aumentos considerables. Los programas de becas en donde se incluye la Beca Universal Rita Cetina incrementarán 40.5%, el Programa de Vivienda Social 27.1% y el Apoyo para Mujeres de 60 a 64 años, 15%.
El Paquete Económico 2025 busca ampliar las bases sociales de la cuarta transformación y principalmente construir clientelas para Sheinbaum. La presidenta podría buscar construir su propio legado a partir del buen gobierno, pero prefirió continuar “aceitando” la maquinaria electoral a billetazos a costa de la seguridad de la población. Parece que así será hasta que dominen por completo el sistema electoral.
Doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua).