Las reformas impulsadas por el presidente se ciernen como una consecuencia de las elecciones del 2 de junio y de la sobrerrepresentación aprobada por las mayorías del INE y del Tribunal Electoral, cuyos efectos serán terribles para el país. Ya el jueves pasado entró en acción la aplanadora morenista para aprobar, en la Cámara de las y los Diputados, el dictamen de la reforma al Poder Judicial, con 359 votos a favor y 135 en contra en lo general y con 357 votos a favor y 130 en contra, en lo particular.
El preámbulo fueron los nueve foros previos organizados para debatir los contenidos con una estrategia de manipulación social que buscó legitimar la reforma, convencer al público de sus presuntas bondades e insultar y descalificar sistemáticamente a juzgadores y personal del Poder Judicial desde la tribuna de las mañaneras. Fue un montaje de oídos sordos secundado por la actitud que la mayoría parlamentaria asumió frente a las movilizaciones de trabajadores y estudiantes.
Tampoco se atendieron las duras críticas provenientes del extranjero, de gobiernos, empresarios, organizaciones de diversa naturaleza y medios de comunicación. La mayoría calificada se estrenó con múltiples irregularidades: una sede alterna sin condiciones para legisladores opositores, violaciones al procedimiento legislativo y formalidades que una modificación constitucional exige y una votación que todavía no se publica. Todo lo necesario para aprobar la reforma y enviarla al senado con el sello de la casa: sin consenso y anulando, sin pudor ni consecuencia alguna, a las minorías.
En el entorno, la sociedad mexicana se advierte dividida y confundida, sin conocer detalles ni las consecuencias que podrían generarse, fijando posturas según lo que conocen o suponen de la reforma. De un lado, la proporción de votantes pro 4T que respaldaron a Claudia Sheinbaum hacen patente su inconformidad por el funcionamiento del Poder Judicial y asumen, sin más, que someter a voto popular a los juzgadores corregirá sus males y deficiencias; en el extremo contrario, la mayoría de analistas, especialistas, medios de comunicación, académicos, barras de abogados y diversas organizaciones rechazan la reforma evaluando los impactos que tendrá en nuestra sociedad y en el rol que el país juega en el orden internacional.
Desde mi perspectiva, vale enfatizar que, siendo necesario reformar diversos aspectos del Poder Judicial, es una pésima solución establecer el voto como mecanismo de selección de juzgadores, sacarlos de una carrera especializada que está en proceso de depuración y consolidación para convertirlos en políticos que no podrán usar recursos ni públicos ni privados en sus campañas, al menos en teoría. Es una apuesta para suprimir la imparcialidad a la que están obligados y echarlos a los brazos del nuevo partido hegemónico y de su mayoría autocrática. Los morenistas lo saben y lo operan deliberadamente y con absoluta impunidad.
En el fondo, el discurso del presidente, de Morena y sus aliados, alega en su favor el derecho a modificar la Constitución y cambiarle la fisonomía al Estado mexicano. La interrogante es si las y los mexicanos que votaron por ellos, los mandataron a destruir las garantías de defensa de los derechos humanos a cargo del Poder Judicial, más aún, si los mandataron a destruir el equilibrio que la Suprema Corte de Justicia estableció frente a los múltiples excesos presidenciales de este sexenio.
Esta semana será definitoria para el futuro de nuestra democracia, que depende de un voto en el senado, luego de la falta de ética y escrúpulos de las senadurías ganadas por el PRD, los chapulines de Michoacán y Tabasco ya premiados con la presidencia de comisiones. Veremos qué sucede.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
