por Ricardo Gallegos
El pasado 5 de febrero, el presidente de México presentó 20 iniciativas de reformas constitucionales, las cuales en buena parte obedecen a propuestas de tipo social que buscan llevar a rango constitucional las políticas públicas que se han llevado a cabo en su administración; otra parte de las propuestas se refieren a temas que podrían incidir, por sus implicaciones financieras, en la calidad crediticia del soberano, que actualmente es de HR BBB+ (G) con perspectiva estable.
Uno de estos temas está relacionado con la propuesta de reforma de pensiones. Lo primero que habría que decir en este sentido es que es positivo que se abra este tema a discusión. Podríamos criticar el por qué hasta ahora y que la manera que se plantea financieramente todavía suena muy lejos de parecer la solución al tema, sin embargo, considero que subirlo a la discusión nacional es un tema más que necesario; y no habría que olvidar que esta discusión también se debería bajar a nivel de estados y municipios, los cuales tienen, desde el punto de vista actuarial, un problema importante desde hace ya varios años que los ha desgastado financieramente. La experiencia podría servir de referencia para las decisiones que se tengan que tomar a nivel federal.
La propuesta del ejecutivo busca crear un fondo para que un porcentaje (no la totalidad) de la población pueda jubilarse con un monto adicional a lo que le tocaría de manera normal y llevarlo a niveles promedio de poco más de 16 mil pesos, lo cual a todas luces parecería una buena noticia. Sin embargo, el detalle fino se encuentra en la composición de dicho fondo y el mantenimiento del mismo, ya que de inicio lo ata precisamente a otro tipo de decisiones políticas presentadas en este paquete, como el uso de los fideicomisos del poder judicial, que pareciera legalmente mucho más complicado de implementar, o la eliminación de organismos autónomos, de los cuales no se podría asumir que “todo” ese presupuesto se puede asignar, ya que un alto componente de ese recurso es nómina y al asignar esos trabajadores a otras dependencias tendría que reasignarse con cierto presupuesto, y asi sucesivamente. Por el tamaño de la aportación que habría que hacerse en el mediano-largo plazo pareciera que hay que buscar soluciones actuariales que le den verdadera viabilidad a la propuesta.
Otro aspecto que están considerando las iniciativas es elevar a rango constitucional las pensiones de tipo no contributivas que actualmente se otorgan a los adultos mayores de 65 y más; esto con el objeto de “blindar” este programa y obligar a las siguientes administraciones a continuar con el proyecto. Indiscutiblemente es un recurso que socialmente hace la diferencia a una población vulnerable muy importante en México, eso no está a discusión, sin embargo, es universal, es decir, la reciben todos los adultos mayores, desde el que está en una verdadera situación de pobreza extrema hasta la población de más alto poder adquisitivo. Esto, según vayamos envejeciendo, seguirá ejerciendo una presión muy importante en el gasto público, y reduciría un ya de por sí complicado espacio fiscal, lo cual puede producir un estrés adicional en el tiempo a la calidad crediticia, sobre todo si no se acompaña de planes adicionales para fortalecer los ingresos fiscales.
Si bien hemos tenido relativamente buenos comportamientos en el crecimiento económico reciente, también es cierto que estamos enfrentando encrucijadas importantes. Por ejemplo, este año tendremos un déficit fiscal no visto en muchos años y un nivel de endeudamiento relativo muy cercano el 50% del PIB. Las pensiones y sus reformas, dependiendo de cómo se aprueben e implementen, podrían terminar incidiendo negativamente en la calidad crediticia de México en el mediano-largo plazo, más aún si no consideramos rápidamente el cómo fortalecer la base de contribuyentes y el esquema tributario actual que probablemente será lo primero que deberá analizar la siguiente administración. Al tiempo
*Director General Adjunto de Análisis Económico en HR Ratings
