Se avecina otro capítulo de la reforma al Poder Judicial, pues a pesar de que ya se aprobó en el Congreso y se ultiman los detalles para su implementación, todavía está en veremos si se aplica o no.
Y es que, a unos días de que se cumpla el plazo para que el Senado emita la convocatoria para la elección de ministros, jueces y magistrados (que vence el 16 de octubre) en un hecho inédito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló analizar la constitucionalidad de la reforma y, en dado caso, podría echarla abajo.
El fallo obedece a la impugnación que hicieron jueces y magistrados de la reforma, por considerar que atenta contra la independencia judicial.
Además, será facultad de la ministra presidenta Norma Piña Hernández determinar si concede o no una suspensión para que se congele la implementación de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación en lo que se resuelve el asunto en la Corte.
Recordemos que esta decisión la tomaron los ministros Juan Luis Alcántara Carrancá, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán.
En cambio la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que se estaría dando un “golpe de Estado, si este órgano pretende frenar lo aprobado por el Congreso de la Unión.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, no se quedó atrás y también opinó, pero como su “pecho no es bodega” dejó en claro que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede y no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano que es el pueblo de México”.
Fernández Noroña llamó a los ministros a actuar de manera prudente, al considerar que esta resolución “es una grave provocación” que les puede traer consecuencias, porque la reforma ya se aprobó y el proceso electoral ya empezó”.
Por su parte, el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que si el Senado de la República ignora la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, y sigue adelante con el proceso de su instrumentación, se va a generar una crisis.
Lo cierto es que el Máximo tribunal del país no será el único que analice este polémico asunto, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública el próximo 12 de noviembre, en Washington, Estados Unidos, para analizar la reforma.
Así que el reto de Claudia será no sólo convencer a los trabajadores del Poder Judicial de que sus derechos no serán trastocados, sino a los organismos internacionales y sobre todo a los inversionistas, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que han manifestado sus preocupaciones.
Bien haría la nueva presidenta en escuchar a Ken Salazar, embajador de Norte América en México, quien hace unos días, reiteró que para el correcto funcionamiento del T-MEC -que estará en revisión el próximo año-, es importante que exista certeza jurídica en México. Ya veremos si esta reforma pasa la prueba…
