La reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente avanza con todas las consecuencias que tendrá sobre el Estado mexicano. Las encuestas previas y los nueve foros organizados por la mayoría parlamentaria de la cámara baja son el intento oficialista para legitimarla al vapor, en un diálogo aparente sobre decisiones que ya fueron tomadas en el Palacio Nacional, sin que importe lo que digan los jueces, especialistas y medios de comunicación.
Los principales contenidos de la iniciativa generan múltiples dudas sobre el anunciado objetivo de garantizar independencia frente al Poder Ejecutivo. El ejemplo más significativo está en la propuesta de someter a voto popular a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces. Cómo podrían ser independientes si el origen de las candidaturas será por la valoración previa del propio presidente de la República, de las mayorías parlamentarias de Morena y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dividida en su composición actual. Además, cómo harían campaña sin caer en los brazos de los partidos, cuando no tendrían financiamiento público o privado y solo accederían a tiempos en radio y televisión distribuidos por el INE y a algunos foros que la autoridad electoral organizaría, de aprobarse la reforma.
Cómo se va a respetar la carrera judicial que exige de cualquier juez de distrito entre 15 y 20 años de preparación y ser sometidos a rigurosos exámenes para ocupar esas posiciones y cómo es que los integrantes del Poder Judicial participarían en igualdad de condiciones cuándo el cernidor para la postulación de candidaturas será el visto bueno del oficialismo que impedirá el paso a todas aquellas personas que se califiquen como no afines al proyecto de la 4T.
Durante los cinco años y medio del actual sexenio la SCJN ha sido uno de los pilares que mantienen a flote nuestra democracia, con sentencias que sirvieron como auténticos muros de contención ante la voracidad del poder y que hoy se desvanecen por el efecto inmediato del triunfo electoral del plan C. El primero de los foros ofreció un espectáculo terrible para el país luego de que las y los ministros, en especial quienes son señalados como opositores al sistema, tuvieron que optar entre asistir o no hacerlo, a un espacio que los ridiculizó, pero que al menos significó la posibilidad de subrayar algunos peligros que conlleva la reforma.
No tengo dudas al afirmar que fue el peor foro al que tuvieron que asistir las y los ministros que lograrán victorias mínimas con la probable aceptación de AMLO de la gradualidad en la renovación de los jueces, aunque se ve cuesta arriba combinar adecuadamente experiencia y conocimientos con elección popular, donde además la aceptación presidencial de ese ajuste obedece a mediciones políticas sobre los efectos que por convencimiento sobre posibles ventajas.
Es una reforma que no busca corregir y transformar al Poder Judicial para bien del país, sino que cobra facturas y destila rencores expresados en la mezquindad de Arturo Zaldívar, pues si su diagnóstico sobre la justicia en México fuese cierto, él sería uno de los principales responsables luego de presidir a la SCJN, donde se benefició y luego traicionó por congraciarse con el poder.
Fue una decisión ventajosa y poco ética propiciar que él cerrara el primer foro, pero esos son los signos de las nuevas realidades. La aprobación constitucional de la reforma dependerá de dos o tres votos en el senado, ya veremos más adelante quiénes sostienen al Estado de Derecho y su división de poderes o simplemente lo echan por la borda.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos