Por Yoanna Shubich Green
La seguridad de una democracia deriva de un frágil equilibrio en las relaciones entre todas las instancias gubernamentales. Cualquiera que sea el punto de equilibrio, el objetivo es que ninguna autoridad tenga el poder absoluto y que cada una opere en un área amplia, mientras que los demás agentes gubernamentales las controlan y se supervisen sutilmente, así, la autonomía del poder judicial es crucial en toda vida democrática para evitar los abusos del poder.
El pasado 24 de julio, el Parlamento israelí (Knesset) aprobó una primera sección de la reforma judicial que impide que la Corte anule las decisiones del gobierno, ya que los partidarios de ésta indican que los legisladores tienen mayor legitimidad y argumentan que la democracia se refuerza porque los diputados son electos por una mayoría frente a los jueces que no son elegidos por el pueblo. Lo anterior no es exclusivo de Israel, se observa en diferentes países donde el poder ejecutivo quiere mayor concentración de poder y reducir la independencia de la Corte.
Esta controvertida reforma tendrá un impacto profundo en el sistema de justicia del país, ya que ha generado un debate acalorado entre sus defensores, que argumentan que es necesaria para mejorar la eficiencia del sistema judicial, y sus críticos la consideran una amenaza a la independencia judicial, al Estado de derecho y el menoscabo de la protección de los derechos y libertades individuales.
Se debe señalar que, Israel al no contar con una Constitución, se basa en el derecho consuetudinario, es decir, la Corte Suprema interpreta una serie de leyes básicas o fundamentales, por lo que sus decisiones limitan diversos actos del poder ejecutivo y de leyes del parlamento que contravienen el marco constitucional de diferentes acciones cuestionadas como ya lo ha hecho en el pasado como lo fue evitar la demolición de casas de la población árabe o frenar la adquisición de tierra en territorios en disputa, resoluciones que disuadieron al gobierno de aplicarlas.
Esta reforma se propuso en enero del 2023, cuando el actual primer ministro Benjamín Netanyahu asumió el poder después de cinco elecciones desde 2019. Netanyahu es investigado por actos de corrupción, fraude, soborno y abuso de confianza y depende de mantenerse en el poder de una coalición considerada la más ultranacionalista y ultraortodoxa. Este bloque argumenta que, la Suprema Corte ignora las necesidades de las comunidades ultranacionalista y ultra religiosa, como vetar la exención de realizar obligatoriamente para todos los israelíes el servicio militar a los ortodoxos y detener la construcción de mayores asentamientos en Cisjordania.
Hay que resaltar el rápido crecimiento de la población judía ultraortodoxa, que hoy constituye 1,3 millones, o el 14 por ciento, de israelíes y se proyecte alcance un 40% en veinte años. De esta forma, quieren conservar el carácter esencialmente judío de Israel a través de leyes y políticas emanadas desde el gobierno. Sus puntos de vista religiosos ejercen una gran influencia en cómo debe organizarse y administrarse Israel y han comprendido la importancia del proceso político para que sus intereses religiosos prevalezcan sobre la sociedad de los israelíes seculares, así las tendencias demográficas cada vez juegan un papel más relevante en la política.
Por su parte, la población secular israelí, considera que esta reforma concentraría más el poder en manos del poder ejecutivo, debilitando la capacidad del poder judicial para actuar como un contrapeso efectivo frente a posibles abusos de poder por parte del gobierno y mermaría la protección de derechos y libertades civiles de las minorías.
Ante la imposibilidad de negociaciones y propuestas intermedias que satisfagan a todas las partes, diferentes sectores han realizado reiteradas protestas en Israel como nunca en su historia para presionar y mostrar su hartazgo hacia el sistema de gobierno y de los políticos. Entre los manifestantes están los reservistas del ejército que se niegan a servir, lo que es una amenaza para la seguridad nacional israelí al poner en duda su capacidad. También se ha generado una preocupación sobre las consecuencias económicas y su alianza con Estados Unidos.
Siempre es permisible mejorar el sistema de justicia israelí, sin embargo, ésta no puede ser a modo para proteger al primer ministro de ser enjuiciado o para otorgar prerrogativas al grupo en el poder.
Lo anterior, refleja la erosión del pacto social y la inminente crisis existencial para Israel que se debate sobre su proyecto de Estado-nación entre un país moderno, start up, incluyente y democrático, frente a uno de carácter judío con leyes religiosas (autocracia religiosa). El reto es hacer compatible ambos enfoques, ¿estarán los líderes a la altura de semejante reto?
Coordinadora Académica de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México
Asociada COMEXI
Twitter: @yoannashubich
