En el ocaso de su periodo legal, el Ejecutivo Federal en turno se empeña en forzar una reforma al sistema de justicia en México que, de aprobarse en sus términos, tendrá repercusiones de enorme impacto contra el Estado de derecho, nuestra democracia y la economía.
Los efectos serían de largo plazo y algunos, inmediatos, al empujar de forma expedita cambios sin congruencia entre los males aducidos y las soluciones propuestas. Sin apertura real al diálogo republicano, como se esperaría para una reforma constitucional de tal magnitud. Anteponiendo una suerte de experimento, que tiene mucho de ocurrencia y demagogia, basado en prejuicios y supuestos sin evidencias, al diagnóstico objetivo de las realidades y los desafíos de la justicia en el país.
Como ha dicho la Senadora a Beatriz Paredes, el argumento de ir adelante con esta reforma sólo porque se cuenta con mayoría en el Congreso es el peor de los argumentos: cuando cambios trascendentes se fundan simplemente en mayorías o popularidad, y no en la razón, “suceden aberraciones históricas”. Hoy estamos ante ese riesgo. Innecesaria e inoportunamente.
Vemos que se quiere sustentar una reforma con cambios constitucionales radicales por encuestas encargadas por el partido político dominante en el Congreso. Peor aún, aunque éstas indican que alrededor de 80% los considera necesarios, también revelan que 49% reconoce desconocer la iniciativa.
En realidad, en la población, en general, existe un extendido desconocimiento, a nivel de lo más básico, sobre el sistema de justicia. De entrada, se confunden las funciones de los ministerios públicos o las fiscalías con las de tribunales, jueces, magistrados y ministros.
Hay un enorme malestar por la impunidad, totalmente justificado ante niveles muy cercanos al 100 por ciento. Pero esta reforma no hace nada contra el factor clave donde comienza ese problema: al Poder Judicial llega menos del 1% de los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público, y las fiscalías, aunque en teoría independientes, están sujetas en gran medida al Poder Ejecutivo, federal y estatal. ¿No sería por ahí donde habría que empezar?
Otra de las percepciones negativas sobre el Poder Judicial es la tardanza en la resolución de sentencias o fallos. Pero habría que hacernos preguntas elementales. Según especialistas, debería haber 65 jueces por cada 100 mil habitantes: hoy estamos en 2.5. ¿Qué puede hacer la elección popular de éstos para remediar ese rezago y lo que provoca?
El sentido común indica que este tipo de cambios, sin congruencia entre problemas y soluciones, más que mejorar las cosas, pueden empeorarlas, máxime si se hacen con prisas e improvisaciones.
Ese es el problema de raíz con esta reforma. Básicamente, fundada en prejuicios y acelerada sólo porque su principal impulsor, el Ejecutivo Federal saliente, contará en su último mes en el cargo con una probable mayoría calificada en las cámaras legislativas. No parece claro que quien lo ocupará a partir del 1 de octubre tenga esto como prioridad.
No hay duda de que el Poder Judicial tiene deficiencias y retos que deben ser atendidos. Lo que se cuestiona son los cómo.
El informe “Una amenaza a la independencia judicial”, recientemente presentado por el Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, pone en blanco y negro lo que está en juego.
“Estas propuestas constituyen una amenaza directa a la independencia judicial y ponen en peligro los derechos de las minorías”, concluye. “Violan las normas jurídicas internacionales sobre la independencia, imparcialidad y competencia del poder judicial”. De aprobarse, “socavarían los cimientos del Estado de derecho”, y a la par, la separación de poderes y el sistema de controles y equilibrios cruciales para la supervivencia de una democracia constitucional.
Muestra cómo elegir magistrados de la Corte Suprema, jueces federales y magistrados mediante voto popular puede incentivar una toma de decisiones para ganar votos y satisfacer a los electores políticos en lugar de que se funde exclusivamente en los hechos y la ley.
Enfatiza que se violarían normas jurídicas internacionales que exigen que la selección de jueces esté libre de interferencias políticas y se base en el mérito y la idoneidad. Que la experiencia de Bolivia y Estados Unidos, los dos únicos países donde se elige por votación popular a jueces para tribunales constitucionales, confirma el riesgo para la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. El escenario potencial de que en México aumente la influencia del dinero y el poder político o fáctico en la toma de decisiones judiciales, incluso por “contribuciones de campaña” del crimen organizado.
El reporte citado también demuestra que exigir que todos los jueces en ejercicio renuncien para dar paso a los recién elegidos viola los estándares jurídicos internacionales, que establecen que la ley debe garantizar la permanencia de los jueces y que no pueden ser removidos arbitrariamente o sin justa causa.
Lo mismo sobre la creación de un Tribunal Disciplinario Judicial elegido popularmente, cuyo mandato coincidiría con el presidencial y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, violando el derecho a una defensa y revisión judicial adecuada. No cumpliría con estándares internacionales que exigen que este tipo de órganos sean competentes, independientes e imparciales, al quedar igualmente expuesto a influencias políticas y, así, potencialmente ser usado como arma contra los jueces si emiten sentencias adversas a políticos y a gobernantes o funcionarios en turno.
Nuevamente: no hay duda de que hay que mejorar nuestro sistema de justicia, ¿pero conviene forzar cambios así? Construir instituciones es difícil y toma tiempo; desfondarlas o destruirlas puede ser muy fácil y rápido.
