Por Selina Haidé Avante Juárez
Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 4a. Región con residencia en Xalapa, Veracruz
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, no puede pasar de largo volver la mirada a la naciente reforma judicial tan polémica como peligrosa en todos los sentidos para un Estado democrático y, en vía de consecuencia, para los derechos humanos que tutela.
En ese contexto, hoy destaca por su importancia y actualidad la gran afectación que esta nueva reforma estructural a la justicia provoca en las mujeres mexicanas.
Han sido años de un esfuerzo constante realizado por grupos diversos. Desde instituciones de protección a los derechos humanos, grupos feministas e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de formas muy diversas y a través de manuales y protocolos, tratan de avanzar en la tutela de este importante grupo poblacional para cambiar la cultura de desprecio y discriminación que las mujeres han vivido en nuestro país.
Incluso, el tema ha sido tristemente materia de múltiples condenas en el ámbito internacional para México. Tal es el caso del emblemático “Campo Algodonero” donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó con detalle los micros y macro machismos que hacen de nuestro bello país uno de los más destacados en materia de discriminación de género.
Hoy la reforma judicial no hace sino volver a encender la llama de la agresión contra las mujeres. Primero, porque al poner la justicia en manos de juzgadores improvisados, poco conocedores de los principios constitucionales y convencionales, menos aún lo estarán en materias especializadas como juzgar con perspectiva de género. Ello impactará necesariamente en juicios de divorcios, custodia de menores, feminicidios, acceso a la interrupción legal del embarazo y tantos otros donde las mujeres estarán nuevamente a la deriva.
Al respecto, la asesora de Naciones Unidas, Andrea Medina ha expresado su preocupación al considerar que se perderán años de aprendizaje sobre la igualdad, los estereotipos y la delicada tarea de juzgar con perspectiva de género.
Y es que los juzgadores, al perder su independencia por ser nombrados mediante voto popular, poco podrán hacer para evitar que se afecte a las mujeres que buscan justicia. Mientras más vulnerables o bien teniendo un agresor poderoso será casi imposible protegerlas por quienes auspiciaron campañas de políticos judicializados, al obedecer criterios populares o mediáticos en lugar de jurídicos, que muchas veces revictimizan a las féminas en los procesos donde la razón constitucional les asiste, pero al no haber independencia, les sería negada esa protección.
Y aquí no termina el drama de género que se avecina con la reciente reforma judicial; además vale la pena voltear a ver también a las mujeres valientes, estudiosas, comprometidas y que tanto han entregado por la justicia federal. Me refiero a esas juezas y magistradas, la mayoría madres de familia, cuidadoras de sus padres o hermanos o algún familiar discapacitado. Muchas de ellas incluso solteras o divorciadas y cabeza de familia, por las altas exigencias de tiempo y concentración que exige esta noble función de impartir justicia.
En efecto, todas ellas recibirán sin motivo probado alguno la terminación de su relación de trabajo y todas sus prestaciones; es decir, desempleadas con niños pequeños y padres enfermos, muchas de ellas por el único crimen de haberse dedicado a trabajar y no a “hacer amigos” dentro de los grupos políticos.
Las mujeres son, sin duda, la expresión más pura de sensibilidad e intuición, de servicio y solidaridad por su natural empatía con nutrir cuerpos y espíritus de sus semejantes; su evidente fortaleza y su probada capacidad para dar resultados en cualquier terreno las hace dignas de admiración en todos los ámbitos y la judicatura no es la excepción.
Así, nuevamente la reforma judicial demuestra que atropellar los derechos humanos, en este caso de las mujeres, tampoco es un obstáculo para politizar la justicia. Ellas también son pueblo, ese pueblo silenciado con una reforma feminicida que aún puede ser detenida, pero que requiere de la reflexión y apoyo de las mujeres más poderosas de este país.
¿Será la sororidad la heroína de esta historia?
