Por Arturo Flores López
Para México el año 2023 resultó ser histórico en su relación comercial con los Estados Unidos, ya que por vez primera superó a China como el principal socio exportador a la nación estadounidense. Estos buenos resultados han venido acompañados de incentivos ofrecidos por el gobierno de nuestro país, tal y como se refleja en el decreto pro-nearshoring publicado el pasado 11 de octubre de 2023. Es en este contexto que vale la pena preguntarse si la propuesta de reforma judicial que se promueve actualmente, no pondría bajo amenaza tan buenos resultados económicos.
Es evidente que una reforma al poder judicial es necesaria, sin embargo, la manera en la que ha sido presentada (a pesar de los distintos foros que se realizaron) quizá no ha sido la mejor. Una de las voces que retumbó más fuerte en el seno de la propuesta de reforma al poder judicial fue la del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien se pronunció diciendo que “si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y en el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esa relación depende de la confianza, de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México.”
La preocupación del principal del socio comercial de México se basa en el hecho de lo expresado en un artículo del renegociado acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá durante el gobierno de Trump. La preocupación existe por la posibilidad de no poder tener acceso a una justicia plena, ya que según el artículo 14.6 del T-MEC, el nivel mínimo de trato consiste, en que cada parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas. El problema destacado por Salazar es una muestra fehaciente de las implicaciones que la integración regional tiene para los países; si bien el gobierno de México defiende a ultranza su soberanía, argumentando que Estados Unidos no puede opinar en temas internos de México, también es cierto que es el principal socio comercial de nuestro país y que muchas de sus inversiones podrían verse afectadas por una reforma al poder judicial que no considere los puntos expresados en el referido acuerdo comercial.
Este caso demuestra que lo local ahora más que nunca tiene un impacto global; es decir, actualmente las naciones en la mayoría de las regiones del planeta se encuentran inexorablemente vinculadas a respetar marcos legales extra-territoriales que les obligan a instrumentar políticas que salvaguarden temas laborales, ambientales y comerciales. Luego entonces, será trascendental ver el rumbo que tome la reforma judicial en nuestro país, ya que los negocios con nuestro vecino del norte se podrían ver afectados por determinaciones legales locales que inevitablemente tendrían un alcance regional internacional.
Coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales (X: @arturofl)
