Muy ilustrativo de la regresión política y económica a la que asistimos: lo que se busca hacer, en fast track, igual que con la desnaturalización el Poder Judicial, contra varios organismos constitucionalmente autónomos. Abriendo las puertas para que ocurra lo mismo a los restantes, dependiendo de intereses, cálculos o necesidades, apuros o humores de momento de la fuerza política hegemónica y sus liderazgos.
Cabe anotar lo que señala al respecto la International Chamber of Commerce (ICC), que representa a 45 millones de empresas en el mundo, impulsora del comercio internacional y con un relevante papel en la resolución de disputas: “Nos preocupa la eliminación de los OCAs [organismos constitucionales autónomos] porque también podría repercutir en la percepción internacional de México como un socio comercial confiable y comprometido con el Estado de derecho, puesto que estos órganos han sido vistos como garantías de la estabilidad democrática y de una gobernanza económica justa”.
Para la ICC, la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) politizaría la regulación del mercado y debilitaría los mecanismos que aseguran una competencia justa, derivando en incertidumbre jurídica y regulatoria y hasta aumentos en precios. Todo lo cual desincentivaría la inversión, nacional y extranjera.
La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendría los mismos efectos en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
Sin la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), crecerían los riesgos de ineficiencia y corrupción, con las decisiones de exploración y explotación más influenciadas por la política que por estudios técnicos rigurosos. Nuevamente: afectando la inversión y el desarrollo de proyectos.
Lo mismo que con la cancelación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE): incertidumbre jurídica y regulatoria para la inversión privada tanto en generación de energía como en distribución de combustibles, y con ello, incertidumbre de la capacidad de un abasto a la altura de la evolución de la demanda, confiable y competitivo en costo. Sin ello, las ventajas de México para la relocalización de cadenas productivas pueden evaporarse muy rápido.
Sin el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como garante independiente y especializado, esos derechos ciudadanos pueden quedar al arbitrio de políticos, gobernantes y burócratas, dando paso a más opacidad, corrupción y abusos de poder.
El ataque contra estas instituciones es otra faceta de un proceso de destrucción rápida del Estado democrático de derecho, acelerado con una mayoría calificada artificial en el Congreso.
En una entrevista, Diego Valadez, quien ha sido Procurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hablando del ocaso del Estado de derecho, dijo que una definición de éste es la posibilidad de predecir cómo actuará el poder público, regido por principios y leyes. Cuando los derechos y los límites del poder quedan, en la práctica, sujetos a una voluntad arbitraria, deja de haberlo.
Es a lo que se refieren empresas y organismos empresariales de México y el exterior cuando manifiestan su inquietud.
Como el Consejo de Empresas Globales, con más de 60 grandes compañías que pueden representar un 40% de la inversión extranjera directa, cuando llama a no incumplir obligaciones previstas en tratados suscritos por México, “que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión”.
O la carta de 10 organizaciones de representación de diversos sectores de Estados Unidos: “Sin la capacidad de los inversionistas estadounidenses de tener un recurso justo y predecible en el sistema judicial de México, la aplicación del T-MEC se verá sometida a una presión adicional”.
Se trata de la predictibilidad básica, la certidumbre, que da un Estado de derecho para realizar una actividad económica y defender derechos, sea una propiedad, un contrato o la presunción de inocencia.
Lo mismo pasa con la iniciativa para desaparecer los organismos autónomos: se socava el círculo virtuoso de confianza, inversión, empleo, crecimiento y desarrollo, al perderse un piso mínimo de previsibilidad en la actuación y determinaciones técnicas de las autoridades sobre bases firmes, no discrecionales.
Luis de la Calle, experto en comercio exterior, ha dicho que acabar, en los hechos, con la independencia judicial implica ir contra la estructura medular del TMEC y otros tratados, de igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Contrario al compromiso, como socios, de tener un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para la planificación de negocios.
En el tratado, en distintas partes, se establecen obligaciones como tener tribunales independientes que garanticen plenamente derechos y aseguren medios de defensa y al debido proceso.
En el caso del IFT, se señala puntualmente que “cada parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente”, y se menciona que el de México es “autónomo respecto al Poder Ejecutivo”.
También, que cada una de las partes debe tener una autoridad de competencia encargada de la aplicación imparcial y con debido proceso de la ley en la materia, y que los reguladores de energía deben actuar de igual forma, sin discriminación.
Por eso, con estas reformas que socavan la piedra angular de la certeza jurídica, estamos socavando la oportunidad de captar hasta 50 mil millones de dólares en inversiones relacionadas con el nearshoring.
Como dice el economista Enrique Cárdenas, “el Plan C no es compatible con el T-MEC”. Añadamos nosotros que tampoco lo es con una economía moderna, competitiva, abierta, capaz de generar las inversiones, el empleo y el crecimiento acelerado y sostenible que necesitamos. Más aún, es incompatible con la democracia.
