Por: Manuel Guadarrama
Cada año se está a la expectativa de si el Ejecutivo federal decidirá usar su facultad de presentar la iniciativa preferente. Esta figura jurídica se inauguró el 1 de septiembre de 2012. Antes de concluir su mandato, el entonces presidente Felipe Calderón presentó ante el Congreso de la Unión una reforma que modificaba la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). A pesar de parecer un tema poco atractivo o urgente, la materia de contabilidad gubernamental demostró su importancia para las finanzas públicas.
Anteriormente, el reporte de la información financiera de las entidades federativas se realizaba de forma desordenada, dispersa, incompleta y heterogénea. El propósito de la contabilidad gubernamental es que todos los entes públicos adopten un “lenguaje único”, homologuen, armonicen y reporten la información sobre el ciclo presupuestario de las finanzas públicas de tal forma que se pueda monitorear, dar seguimiento y comparar en el tiempo y entre los propios entes públicos.
En diciembre de 2014 venció el plazo otorgado a las entidades federativas y municipios para armonizar sus finanzas con base en la LGCG y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). El Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2019, del IMCO, encontró que a más de diez años de vigencia de la LGCG, ningún estado de la República cumple esta legislación al 100%. No todo son malas noticias. El nivel de reporte y adopción de este lenguaje único ha mejorado considerablemente: Puebla, Sonora y Campeche presentan un nivel de armonización superior al 90%.
Este reporte de información homologada es una buena noticia. Sin embargo, el hallazgo más importante del estudio mencionado es que la “creatividad contable” es utilizada como el arte del engaño. Reportar el gasto de forma correcta no significa gastar bien. Por ejemplo, Sonora presenta un nivel alto de cumplimiento en contabilidad gubernamental (94%), sin embargo, la variación entre lo que presupuestó y ejerció en 2018 fue del 43%. Sin duda no es el único estado: en 2018, 17 entidades federativas variaron su presupuesto en más del 15%.
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU clasifica las variaciones del gasto de los países en cuatro categorías. Una variación superior a +/- 15% implica una mala planeación y manejo de los recursos públicos. En total, las variaciones entre lo presupuestado y lo verdaderamente ejercido implicaron 296 mil millones de pesos, equivalente a cinco veces la asignación a Organismos Autónomos en el PEF 2020.
A todo esto, la pregunta es: en qué nos afecta a los ciudadanos. El costo del derroche implica que en Baja California se ejerció en viáticos un monto equivalente a 2.5 veces su gasto en salud. La CDMX destinó 8 mil 849 mdp para el pago de servicios como agua, luz, gas, telefonía celular, entre otros, esto es un monto superior a su gasto en educación (8 mil 341 mdp). La austeridad no termina de llegar a los estados: 13 gastaron al menos un 15% más en gasto burocrático – administrativo.
Este manejo imprudente de recursos públicos no es solo responsabilidad de los gobernadores o secretarios de finanzas, los congresos locales juegan un papel clave de complicidad o abandono de sus funciones de vigilancia. La contabilidad gubernamental se encarga de proveerles información para evitar y frenar gastos de miles de millones de pesos adicionales a los presupuestados cada año. Con este tipo de prácticas, lo único que queda claro es que, del dicho al hecho, hay muchos millones de por medio.
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO.
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