Resistencia feminista

Hallazgos de decenas de denuncias de violencia sexual y espionaje a colectivas feministas consideradas organizaciones subversivas es apenas la punta del iceberg de la información revelada por los medios de comunicación entre los cientos de miles de datos filtrados a raíz de la vulneración a la seguridad digital de la Secretaría de la Defensa Nacional en México por un grupo internacional de hackers a instituciones militares y policiales de varios países de América Latina.

Digamos que no es algo nuevo, solo que ahora hay evidencias de que es el mismo ejército que, como en el 68 y durante la llamada Guerra Sucia en la década de los setenta, vigila a las organizaciones sociales y a ciudadanos que se movilizan con diversas demandas; que es el mismo ejército que, así como se ha visto en las zonas de guerra, violenta y abusa de mujeres, lo hace con las mujeres de las comunidades y con las integrantes de la institución.

De acuerdo con la información difundida por Latinus, en los informes de inteligencia de la SEDENA se revela la vigilancia a colectivas feministas, a quienes considera parte de los grupos subversivos, anarquistas y guerrillas que hay en el país. El Ejército sigue de cerca las actividades de feministas y activistas que luchan en favor de los derechos de las mujeres y en los documentos se pueden encontrar detalles de las actividades de las organizaciones que se movilizan en la Ciudad de México y de manera particular de quienes identifican como responsables de “actos vandálicos y agresiones callejeras”, asimismo enumeran las marchas feministas desde 2019.

Por otra parte, en el diario El País se revisaron más de mil archivos donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas en el Ejército y a mujeres civiles, ataques que han sido a veces grupales y otras con tortura, y que han sido registradas por la institución castrense al menos desde 2010, el periodo de tiempo del que se sustrajo información por los hackers.

La información difundida por El País da cuenta de “la precaria y a veces nula respuesta de la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja.” En la información difundida por el diario se da a conocer de al menos 42 militares implicados y que algunos de ellos han recibido sentencias, pero se desconoce el estatus de la mayoría de los casos y es de imaginar que hay muchos casos que no se han denunciado o que no han sido registrados pues de acuerdo a la información develada “las denuncias detallan un mismo modus operandi de los agresores, donde a menudo se resguardan en el cargo y el uniforme para ordenar a las víctimas que acudan a un lugar donde no haya testigos” para que sean acorraladas, atacadas y amenazadas de represalias o de que nadie les va a creer.

La violencia sexual y la persecución de movimientos sociales son dos motivos que justifican el porqué de la resistencia feminista a la militarización del país. El feminismo tiene claro que la cultura patriarcal es una de las bases del militarismo y que la lógica del ejército está determinada por la resolución violenta de los conflictos que se basa en la dominación.

La militarización de una sociedad deja a las mujeres con menos capacidad de controlar sus vidas y enaltece los valores militares que son contrarios a los civiles; se reduce el poder democrático para favorecer uno patriarcal, más autoritario; mientras el militarismo promueve la uniformidad, la jerarquía, la sumisión, la intolerancia, la subordinación, la obediencia, opacidad y los fines bélicos; el poder civil y democrático se sustenta en el pluralismo, la igualdad, la democracia, las libertades, tolerancia, independencia, la responsabilidad, transparencia y es la única vía para construir la paz.

Por eso, frente a la militarización, ha habido y siempre habrá una resistencia feminista.