Se han multiplicado los reportes de fuentes confiables sobre un juego de pulsos entre diversos actores del sector de salud, en el gobierno Sheinbaum, por el manejo de las llamadas compras nacionales consolidadas de medicamentos, que representan para el erario federal gastos anuales por al menos 130 mil millones de pesos.

Las fuentes consultadas sobre estas tensiones implican al secretario de Salud, David Kershenobich; al ratificado director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y a varios de sus colaboradores clave, pero también a la nueva secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro. Estos informes apuntan hacia ajustes de última hora en las definiciones de política pública anticipadas el 26 de marzo pasado por la entonces candidata a la Presidencia, Sheinbaum Pardo.

El balance de este episodio sería, en principio, favorable al doctor Kershenobich, quien habría logrado que Palacio cambiara su decisión de encomendar a la paraestatal Birmex la compra masiva de medicinas, para confiarla a Salud. De confirmarse, ello supondrá un golpe político no sólo a Birmex, sino a Robledo Aburto y a la señora Buenrostro, quien buscaba tener injerencia en el tema tras conducir tales adquisiciones -no sin problemas múltiples- a inicios del anterior sexenio.

Kershenobich Stalnikowitz, que el proximo mes cumplirá 82 años, ha expresado a sus cercanos la voluntad de no asumir el rol de “florero” aceptado por su antecesor, Jorge Alcocer, el cual carecía de experiencia administrativa y a quien cobijó dentro del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, que el primero dirigió durante una década (2012-2022).

Al conocerse extraoficialmente el respaldo a Kershenobich, surgieron filtraciones apuntando a la eventual intromisión que podría tener en el negocio de la venta de fármacos su yerno, David Korenfeld, exdirector de Conagua, priísta cercano al expresidente Peña Nieto y protagonista de un escándalo público en abril de 2015 que lo obligó a renunciar.

Esta aparente crisis política en un sector tan sensible, cuando el gobierno Sheinbaum aún no cumple un mes, obligará a revisar, nuevamente, la función de Birmex -cuyo nombre oficial es Laboratorios Biológicos y Reactivos de México. Creada en 1999, luego abandonada, fue rescatada en 2021 en plena pandemia, para tareas de producción y distribución de fármacos, que resultaron en quebrantos financieros y desastres operativos.

En los primeros días de la presente administración se filtró la renuncia del director de Birmex, el general Jens Pedro Lohmann, y el inminente arribo al cargo de Iván Jesús Olmos, exfuncionario de la Auditoría Superior en la ciudad de México durante el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum. Se dijo que el citado Zoé Robledo tenía reservada esa posición para un colaborador tan cercano como controvertido: Jorge de Anda, coordinador de Control de Abasto en el IMSS.

Casi en forma simultánea se generó la versión de que otro funcionario polémico del Instituto, el director de Administración, Borsalino González, sería relevado por Emma Luz López Juárez, exdirectora de Administración y Finanza en la Secretaría de Salud de la ciudad de México, también en el gobierno Sheinbaum. Luego se dijo que su llegada había sido bloqueada por Robledo y sería finalmente a Birmex, lo que ahora queda en el aire. De toda suerte, existe la señal de que Robledo Aburto queda políticamente debilitado, entre reiterados señalamientos de haber beneficiado durante su pasada gestión en el IMSS a empresas cercanas de paisanos chiapanecos, a su círculo personal e, incluso, a compañías recomendadas por parte de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ahora expresidente López Obrador.

Apuntes: La referida Raquel Buenrostro, por cierto, convenció a la presidenta Claudia Sheinbaum de arrasar con todos los mandos principales en Función Pública, para cumplir con la exigencia presidencial de un verdadero combate a la corrupción. Ya se verá si ocurre en realidad o si, como se cree hasta ahora, se construirá un muro de impunidad para el pasado inmediato.