Los gobiernos estatales que acompañaron la administración López Obrador fueron reducidos a la condición de testigos de palo de una estrategia militarista, polarizada y probadamente ineficaz frente al crimen organizado. Las evidencias apuntan en el sentido de que mientras mayores sean esos ingredientes, más profundo será el fracaso. A nivel de las regiones el fenómeno sólo se multiplicó. Las propias cifras oficiales demuestran que en materia de seguridad, la llamada cuarta transformación fue regresiva. Esto es, para empeorar.

Los estados son copia fiel del desastre de un gobierno que a nivel federal alcanzará una cifra cercana a los 200,000 asesinatos dolosos, en su mayoría ligados al crimen organizado. La cifra debe compararse con los 137,286 de Peña Nieto; 120,463, de Calderón; 60,280, de Fox, y 80,671 de Zedillo.

En la entrega anterior le compartí datos sobre la Chiapas del morenista Rutilio Escandón, cercano amigo presidencial, que creó grupos paramilitares que asesinaron a quienes se oponían desde las comunidades campesinas al avance de las mafias del narcotráfico y la trata de personas. También, de la Sonora del morenista Alfonso Durazo, sesgado en favor del Cártel de Sinaloa en sus choques contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hoy le comparto estampas adicionales.

1.- Rubén Rocha. La reunión del gobernador de Sinaloa con la presidente electa Claudia Sheinbaum debe prologar la licencia del primero, en una salida mínimamente decorosa, como una cuota obligada para buscar atraer algo de tranquilidad a esa entidad en la que el mandatario estatal ha quedado involucrado en la entrega del “chapito” Joaquín Guzmán López, el secuestro de Ismael “Mayo” Zambada y la manipulación del caso por el asesinato de Melesio Cuén, exrector de la universidad pública estatal. Mantener en su puesto al gobernante (que incluso se quedó ya sin secretario de Gobierno, Enrique Insunza, nuevo senador) sería enormemente costoso para el próximo gobierno y su relación con Estados Unidos.

2.- Cuauhtémoc Blanco. Encumbrado personalmente por López Obrador en Morelos, pese a los indicios de que el exfutbolista era un títere de bandas criminales y carecía de los mínimos atributos intelectuales para organizar un gobierno. Fue aupado a una diputación federal, dejando atrás un saldo sexenal de 6,202 asesinatos dolosos, casi el doble de su antecesor Graco Ramírez (3,294), cerca del triple del anterior a éste, el panista Marco Antonio Adame (2,283), y alrededor de cinco veces los del también panista Sergio Estrada (1,183). Tomará años regresar cierta gobernabilidad al estado.

3.- Diego Sinuhé Rodríguez. Guanajuato y su gobernador, de extracción panista, son la muestra de la suerte que corren las autoridades de una entidad cuando buscan bastarse a sí mismos ante la emergencia de crímenes que por definición deben ser combatidos por el gobierno federal. Al menos en tres ocasiones, en forma personal o por mensajeros cercanos, el presidente López Obrador exigió a Rodríguez la remoción del secretario de Seguridad estatal, Alvar Cabeza de Vaca, y del fiscal de la entidad Carlos Zamarripa, ambos notablemente rebasados (en alguna medida, por errores propios) para encarar el “huachicoleo” alentado desde el sindicato de Pemex y la refinería de Salamanca, o la crisis de seguridad ante el enfrentamiento de bandas contrarias. Una mutua desconfianza y una operación de propaganda electoral desde Palacio ayudaron a la descomposición general.

4.- María Eugenia Campos. La gobernadora, también panista, carga ya en su estado con ser la puerta de entrada hacia Estados Unidos de la reciente ola de violencia causada por la pugna entre los cárteles de Sinaloa y CJNG, con sus ramificaciones locales. La señora Campos no ha dado señales de acción alguna contra las mafias que operan a tiro de piedra de la línea binacional, como lo demuestra el hallazgo de 11 cadáveres hallados este fin de semana en la fronteriza población de Ojinaga.