El dinamismo de la economía mexicana ha superado expectativas en el primer semestre del año, por lo que Moody’s Investors Service ajustó al alza su estimación de crecimiento para este 2023, a 3.3 por ciento. Por su parte, la Cepal se unió a la ola de ajustes al alza en las expectativas del PIB para México y ahora anticipa que se alcanzará un crecimiento de 2.9% este año.
Los indicadores mexicanos han mejorado de manera importante. No obstante, la gran pregunta ahora es: ¿cómo estará la economía en 2024? Más aún, una vez que termine el actual sexenio e inicie uno nuevo, ¿cómo estarán las variables fundamentales para los siguientes años? Sirvan estas preguntas, para revisar con atención lo que recientemente fue presentado por la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico para el siguiente año.
El mencionado paquete, proyecta un déficit público de 4.9% del PIB. Por esta razón, diversos equipos de expertos han, manifestado su preocupación debido a que este monto es el mayor que se haya presentado en las últimas tres décadas, desde 1989. Más aún, la principal crítica respecto a esta proyección “procíclica”, es que se establece un incremento de la deuda en un escenario de crecimiento, particularmente con altas tasas de interés y proyecciones “optimistas”.
El gasto neto total tendrá un crecimiento real del 7.1 %, en comparación con el de 2023. Cabe subrayar que el año próximo coincide con el desahogo de elecciones presidenciales, para cambiar nueve gobernaturas, el Congreso de la Unión, 31 congresos locales y mas de mil municipios. Por esta razón preocupa que poco más del 67.6 % de los recursos que habrán de ejercerse el año que viene, se destinarán al gasto identificado con el desarrollo social, lo que genera un sinnumero de suspicacias.
Aunque el gobierno ha justificado que, las partidas van dirigidas principalmente a concluir las obras iniciadas durante la actual administración -el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, para el tren interurbano México-Toluca, el tren suburbano al Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras vías de comunicación y transporte- lo cierto es que es altamente probable que, con este gasto el gobierno pretenderá influir en el voto de amplios sectores de la población, principalmente en zonas marginadas, con especial énfasis en el sur del país.
Más allá de las razones por las que el gobierno de López Obrador presentó esta propuesta, organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) han manifiestado su preocupación por la forma en que este déficit podría “llevar a una degradación de la calificación crediticia, además de complicar el trabajo del Banco de México para abatir los altos niveles de inflación que actualmente presenta la economía nacional”.
Sirvan estos señalamientos para subrayar que, la propuesta gubernamental conlleva riesgos en las proyecciones presentadas: El pronóstico de crecimiento para 2024 es de 3.5%, mientras que lo estimado por muchos expertos es apenas del 1.7% (más del doble). De no lograrse este objetivo, se daría una “sobreestimación del ingreso” y habría que ajustar el gasto en la misma magnitud. El escenario de riesgos calcula que por cada punto que el PIB no creciera conforme a lo previsto, habría una pérdida de ingresos presupuestarios de “48.8 mil millones de pesos debido a una menor recaudación de IVA, ISR y otros impuestos”. Adicionalmente, otros supuestos son: el precio del petróleo promedio en 56.70 dólares por barril, el tipo de cambio en 17.60 al cierre del año y la inflación en 3.8% al cierre de diciembre. ¿Y si esto no ocurre? ¿Y si los escenarios se complican?
Habrá que estar atentos a la discusión en el Congreso de la Unión en los próximos días. Mas allá del eventual uso irresponsable de recursos para sacar adelante las elecciones a favor del partido en el poder, lo cierto es que la presión que generan las pensiones en el gasto público federalizado, el gran pendiente que prevalece en el área de las políticas públicas de seguridad y salud, serán solo algunas razones por las que el próximo gobierno, independientemente de la coalición que gane, estará obligado a impulsar una profunda reforma tributaria.
Todo indica que el déficit propuesto por el gobierno, es un anuncio claro de la presión fiscal que enfrentará el país en los siguientes años.
