Los 120 incendios forestales que ha sufrido México en los días recientes son un también el reflejo, sin hipérbole alguna, de los incendios sociales que vive el país a lo largo y ancho de su territorio.
Sin duda y sin minusvalorar los daños del fuego a lo largo del territorio nacional, los incendios sociales provocados por el gobierno federal son mucho mayores.
La lista de esos fuegos ardientes es ignominiosa: la violencia, la inseguridad y la impunidad; los desastres en los sistemas públicos de salud y educación; la inocultable quiebra de Pemex; los rotundos fracasos de los tres tótems del sexenio: el aeropuerto de Santa Lucía, en sustitución de un proyecto modelo para el mundo; el Tren Maya, y la refinería de Dos Bocas; la eliminación de tratamientos para los niños con cáncer; la falta de medicamentos en los hospitales públicos; la eliminación de estancias infantiles; el exceso de muertos por el covid; los desaparecidos a los que hoy se pretende desaparecer; las insuficiencias alimentaria y petrolera; el precio de la gasolina que sería de 10 pesos por litro; el combate al huachicol; los abrazos y no balazos en favor de la delincuencia organizada; los ya casi 200 mil homicidios dolosos; la hoy histórica deuda externa; la rampante corrupción de funcionarios públicos y de la familia presidencial; los doctrinarios nuevos libros de texto gratuito; el intento -que se mantiene- de control del INE; la destrucción de fideicomisos de apoyos y fondos para emergencias (como los incendios, por ejemplo); los ataques contra los organismos autónomos que significaban contrapesos al absolutismo presidencial; la búsqueda de una Suprema Corte de Justicia de la Nación dependiente del Poder Ejecutivo como ocurre con el Poder Legislativo.
En resumen, la destrucción de un incipiente sistema democrático utilizado para llegar al poder con promesas “democráticas”.
La divisa, -demagógica, se sabe hoy con certeza-, de “no mentir, no robar, no traicionar” ha sido desmentida, saqueada y traicionada por las acciones de los que la prometieron.
Bastaron cinco años para destruir mucho de lo que las luchas de millones de ciudadanos habían logrado arrancar al totalitarismo priista, de cuyas raíces proviene el señor presidente la República.
Dentro de 60 días se celebrarán las elecciones federales y muchas locales en México. Hoy todavía se pueden anunciar, se prevén y seguramente se realizarán, aunque no dejan de preocupar los ominosos signos del regreso a los procesos electorales controlados por el gobierno. Muchos de los que eso hacían, están de nuevo en cargos gubernamentales y cercanos a las decisiones del poder.
Sin metáfora alguna; el país sufre el mayor incendio de su historia. La candidata oficialista propone construir “el segundo piso” de la autodenominada Cuarta Transformación, es decir profundizar el desastre que ya vive México.
El único recurso para combatir las llamas que consumen al país es votar el 2 de junio en pro de mantener un sistema democrático, con contrapesos al poder presidencialista y con división de poderes.
Los otros incendios no son, seguramente, responsabilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales, pero ellos están obligados de combatirlos y apagarlos, sin delación alguna.
