En la recta final del sexenio se recrudeció el embate contra la democracia y el Estado de derecho, dinamitando bases de la división de poderes y poniendo en riesgo avances en el sentido de ambas aspiraciones. Tal vez incipientes, con enormes deudas y, como ahora vemos, frágiles. Pero iban en esa dirección, producto de décadas de luchas cívicas, construcción de instituciones, consensos desde la pluralidad política y la diversidad social de nuestra nación.
Quedamos con el desafío de retomar ese camino, de reconciliarnos como nación en torno a esos dos principios y, por lo pronto, evitar caer más a fondo en lo opuesto: una concentración de poder sin contenciones, y peor aún, como pintan las cosas, crecientemente disfuncional, con muchos problemas para garantizar la gobernabilidad, la paz, la confianza institucional, la estabilidad económica y social.
Desafortunadamente, también el balance sexenal en materia económica y social se inclina al deterioro, con enormes retos que habrá que afrontar en lo inmediato, en el nuevo sexenio, para frenar la descomposición y sentar bases para un desarrollo más sólido, incluyente y sostenible.
Me concentro en esta oportunidad en el crecimiento económico y la situación fiscal, factores en los que se prometió mucho y en los que acabamos con un claro retroceso, y con el corolario de la inseguridad pública, contra la que difícilmente puede hablarse de algún avance significativo, y en cambio, sí de problemas que se extienden o se vuelven más complejos. Para dejar para un próximo comentario los balances en otros temas fundamentales en los que queda un deterioro importante, como salud y educación, y otros con claroscuros, como empleo y combate a la pobreza.
México asiste al cambio sexenal con una economía en gran medida estancada, que no crece ni siquiera a la mitad de los niveles que lo hizo en al menos dos décadas, de por sí bajos. Que está más endeudado. Y donde la delincuencia y la violencia siguen campeando, como desde hace ya demasiado, y que marcan un perfil del país, incluyendo en la perspectiva desde el exterior.
Como recuerda el economista Salvador Kalifa en un excelente artículo sobre los resultados este periodo, al iniciar se prometía que para 2024 creceríamos 6%, con un promedio sexenal de 4% anual. En cambio, este año difícilmente llegaremos siquiera a 1.5% y la media apenas llega a 0.8%,, la peor de seis sexenios.
El ingreso por habitante incluso podría acabar con disminución. Hasta el segundo trimestre de este año, comparando con el cierre de 2018, el PIB per cápita traía una caída de medio punto porcentual, cuando en el sexenio anterior creció más de 5% y en el previo 1.8%, a pesar de que entonces también hubro un año de aguda recesión por la crisis financiera global.
Muy ilustrativo lo que resalta Kalifa: se planteó que en 2024 habría cesado la emigración de mexicanos por necesidad laboral, inseguridad y falta de perspectivas. En cambio, la cifra de indocumentados mexicanos detenidos fue mayor en más de 66% a la del periodo anterior.
En seis años pasamos de un balance fiscal relativamente sólido a uno que borda en la insostenibilidad, con la necesidad de que el próximo gobierno recorte un déficit equivalente al 6% del PIB o más, a la mitad. La deuda pública ya está por encima del 50% de éste, algo que no se veía desde el año 2000, cuando el Gobierno ahora la recibió en menos de 44 por ciento.
Ese déficit es producto de gasto corriente al alza, “programas sociales” que ayudan mucho a muchos, pero con un costo creciente y sin base de fondeo sostenible, y obras públicas incompletas y sin visos de que puedan operar sin subsidios. En un sexenio que se declaró abanderado de la austeridad, se acabaron los fondos y partidas para contingencias. El Gobierno ha transferido a Pemex 2.1 billones en apoyos, 6.1% del PIB, como a un barril sin fondo que sigue en quiebra técnica y con una deuda de más de 100 mil millones de dólares.
No extraña que, como ha llamado la atención la economista Gabriela Siller, en este sexenio han salido 335 mil millones de pesos en capitales de residentes en el extranjero que estaban invertidos en instrumentos del Gobierno de México. Es el primero con saldo negativo desde la gran crisis de 1994, justo en el que se consolidaba la transición democrática y las bases de un largo periodo largo de estabilidad macroeconómica.
¿De dónde va a salir el dinero para cubrir tantos compromisos crecientes –de las transferencias a la población a la deuda y el costo financiero al alza– si no hay más inversión y crecimiento que habiliten una mayor recaudación? Máxime con la extensión de la economía informal, otra asignatura pendiente sin abordar en estos años. Por lo pronto, para el próximo año, los pronósticos de crecimiento están en torno a 1.3% y a la baja. Encima, hay riesgo de perder el grado de inversión y de diferendos con los socios del TMEC.
En cuanto a la seguridad, como también apunta Kalifa, se prometía que en 2025 la delincuencia organizada estaría en retirada, con los índices delictivos a la mitad. Pareciera, más bien, que es el Estado mexicano el que estaría en retirada en varios territorios. Basta ver los acontecimientos recientes en Sinaloa y los comentarios de políticos e incluso mandos militares de que la paz dependerá de la actitud de los grupos criminales.
El total de homicidios acabará entorno a los 200 mil, muy superior a los del sexenio anterior, casi 158 mil, o que los todos los anteriores. Y con más de 50 mil desapariciones en el periodo, de acuerdo con la organización A Dónde Van los Desaparecidos. Como muestra la muy completa recopilación de datos sobre los saldos del sexenio de Integralia, con cifras oficiales, comparando 2018 con las últimas disponibles, los robos habrían bajado 42%, pero la extorsión creció casi 37% y el narcomenudeo, más de 40 por ciento.
Todo periodo nuevo es una ventana de oportunidad y esperanza. Así lo es en el periodo que iniciamos el 1º de octubre. Pero tenemos que partir de la realidad en que estamos, y ésta es desafiante.
