En México, los debates en torno al crimen organizado y la relación con el gobierno siempre están presentes en la esfera pública, alimentando discusiones sobre la corrupción, la eficacia de las instituciones de seguridad y el impacto de la violencia en la sociedad. Dentro de dichas discusiones, se habla sobre la posible definición de narco-Estado, evaluando si México encaja en esta categoría dada la influencia del crimen organizado en diversos niveles del gobierno.
El término “narco-Estado” se refiere a un Estado en el que los cárteles de la droga han penetrado las instituciones gubernamentales, judiciales y militares y se permite que numerosas actividades ilegales ocurran de manera encubierta, fomentando la corrupción e impunidad.
La reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más notorios de México, provocó un renovado escrutinio sobre la relación entre el crimen organizado y el Estado. Especialmente, debido a la carta que emitió Zambada mediante su abogado, en la cual, hace alusión a las circunstancias en las que fue detenido en Estados Unidos y en ella, ofrece una versión que llama la atención sobre sus vínculos con funcionarios del gobierno, resaltando la complicidad y la infiltración del crimen organizado en las más altas esferas del gobierno.
Muchas notas periodísticas e investigaciones, han revelado acusaciones serias contra funcionarios del gobierno mexicano, sugiriendo que algunos de ellos podrían estar coludidos con el crimen organizado. Los medios han documentado casos en los que se ha alegado que ciertos funcionarios han recibido dinero por parte de los cárteles, han facilitado operaciones de narcotráfico o han actuado de manera complaciente con actividades delictivas.
En este contexto: ¿cómo se detendrá la violencia que desencadena el crimen organizado si no se detienen las influencias que tiene dentro del gobierno? La respuesta a esta pregunta no solo requiere una reestructuración profunda del aparato estatal, sino también una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad y justicia, buscando como resultado la construcción de la confianza de la sociedad en sus gobernantes.
Para calificar a México como un narco-Estado, es necesario evaluar la profundidad de la infiltración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales. No es el objetivo de esta nota, ya muchos especialistas en el tema han dado resultados de análisis e investigaciones. Lo que sí parece importante es la reflexión sobre la impunidad, la continua falta de esclarecimiento de notas, reportajes e investigaciones que resultan cada vez más en la normalización de dichas circunstancias.
En la sociedad mexicana, la percepción de que México es un narco-Estado está fuertemente influenciada por las experiencias cotidianas de violencia, impunidad y corrupción. La corrupción se percibe desde las esferas más bajas hasta las más altas del gobierno y se intensifica por la infiltración del crimen organizado en diversas instituciones.
La constante exposición a noticias sobre colusiones entre funcionarios y cárteles de drogas refuerzan la impresión de que el narcotráfico tiene un control considerable sobre la vida política y social del país. Así, para muchos ciudadanos, el concepto de narco-Estado no es solo una definición académica, sino una realidad palpable que condiciona la seguridad y la justicia en su vida diaria. ¿Percibes a México como un narco-Estado?
