Por: Guillermo Noriega Esparza
Los sistemas anticorrupción en México tienen mas enemigos de los que pueden enfrentar. Los tienen en la clase política a la que no le conviene su óptimo funcionamiento y los tienen también en una parte de la opinión pública y de la sociedad.
En estos últimos, la desesperación y el escepticismo les impiden dimensionar la importancia de tutelar, resguardar y defender estos sistemas. Desafortunadamente algunos por ignorancia y otros por mala fe, han optado por descalificar visceralemente (y a priori) demandando resultados inmediatos a una iniciativa ciudadana que por naturaleza tardará un par de generaciones en madurar.
Salvo contadas excepciones, la clase política les captura y, consecuencia lógica, la opinión pública les denosta.
En lo que se refiere a los espacios de participación ciudadana, el legislativo les impuso una serie de reglas, procedimientos y absurdos normativos que harían de su implementación a nivel local prácticamente un imposible: creyeron que en todos los estados del país abundan organizaciones especializadas en transparencia; dieron por sentado que las universidades e instituciones educativas no son susceptibles de captura política; le apostaron a que la preparación académica de los integrantes de las comisiones de selección o de los integrantes de los CPC sería más relevante, incluso por encima de la ética, el reconocimiento o el prestigio social.
Algunos creyeron que los CPC tenían que asemejarse a un comité técnico de evaluación, como aquellos que existen para la política social. Insistieron en que no era un espacio propicio para activistas sociales y por ello excluyeron a muchos perfiles valiosos, reduciendo los espacios a algunas élites y perdiendose la oportunidad de tender puentes efectivos de comunicación con la sociedad.
En distintas comisiones de Selección, como la de Sonora, le apostamos a que la máxima transparencia en la integración del CPC sería un antídoto eficaz para evitar su captura. No siempre fue posible. En donde sí funcionó el gobierno lo ha explicado de forma ejemplar: “en el CPC lo mejor fue no intentar ni meternos”.
En Sonora diseñamos un sistema de cédulas de evaluación y un programa integrador, definimos un perfil ideal, le otorgamos valor cuantitativo a cada elemento cualitativo y realizamos ponderaciones, realizamos entrevistas y calificaciones públicas. Un elemento fundamental es que se pudo conocer, como en prácticamente ningún otro estado, la cédula individual por aspirante con las calificaciones por cada seleccionador. Es decir, la opinión pública pudo realizar un escrutinio exhaustivo de las valoraciones que realizamos y de nuestros criterios individuales y como comisión seleccionadora.
Cumplimos prácticamente con todos los elementos que establecen los estándares internacionales para designaciones transparentes y abiertas.
Sin embargo, la transparencia no logró evitar la captura. La inclusión de perfiles cercanos al poder público y la exclusión de aquellos independientes fue la puntilla para un Sistema Estatal Anticorrupción capturado en la mayoría de sus instituciones.
Capturaron los puertos, los fuertes e incluso los puentes.
El aprendizaje es sustantivo: la transparencia permite ver la operación política, pero no la evita.
Lo que le evitaría, además de mejores y más aterrizadas reglas, es una característica realmente escasa en estos tiempos: el pudor público.
Nosotrxs Sonora
@nosotrxsMX
