@ebuendiaz
Históricamente, septiembre es un mes de contrastes para las y los mexicanos. Pese a que es un mes que ordinariamente genera alegrías por la conmemoración de la independencia del país, para muchos otros significa dolor y pérdida por los fuertes sismos que vivimos en 1985 y 2017. En ambos casos hay sentimiento de identidad e unidad.
Lamentablemente, otra vez septiembre de 2024 será inolvidable. Un grupo de personas (86) decidieron levantar la mano y aprobar, sin una reflexión profunda sobre los alcances y repercusiones de sus decisiones, una reforma profunda al Poder Judicial. También ya se cumplió el requisito que exige la Constitución de que sea aprobada por la mayoría de los estados de la República. Ahora solo falta que sea promulgada y publicada por el presidente de la República. Un verdadero septiembre negro para la justicia de este país.
Seamos claros: La reforma al Poder Judicial es una transformación de un Poder de la República, la cual ameritaba una discusión seria, esto es, sin filias ni fobias por parte de las y los legisladores. Dado que el objetivo es erradicar la corrupción y mejorar el sistema de justicia, lo ideal hubiera sido que la reforma fuera analizada con calma, sustentada con diagnósticos y aprobada con el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso de la Unión. Aspecto que no ocurrió.
Las razones por las cuales la reforma no es la panacea para el sistema de impartición de justicia son obvias. Me voy a centrar sobre la elección popular de las y los juzgadores, que no garantiza imparcialidad, ni menos corrupción.
En principio, el procedimiento (elección) tiene un vicio de origen. Quién la propuso no tiene idea de lo que implica impartir justicia. Recordemos que hace unos años sostuvo: No me salgan que la ley es la ley. Para dar claridad, es importante señalar que las personas juzgadoras (idealmente) por naturaleza son imparciales. Ello significa que no debe tener interés en quiénes sean las partes involucradas, ni ello marcar el sentido de las sentencias. De ahí que cuando hay un posible conflicto de interés, lo debido es que dicha persona juzgadora se excuse para conocer del asunto.
Esa imparcialidad está en riesgo. Quien ahora aspire a ser juez, tendrá que acudir a las personas a quien va a impartir justicia (ciudadanía, grupos de poder, etc), para que la apoyen en su postulación y el día de la jornada electoral. Si lo recibe, ello genera en automático un compromiso/obligación de actuar de manera reciproca. Así opera la representación política (en principio). No tendría que cambiar en la elección de juzgadores.
En ese sentido, la imparcialidad se vuelve nula, pues estamos sometiendo a las personas que impartirán justicia a buscar un apoyo que posteriormente, en caso de ganar, deberán corresponder. Así en todos los niveles, incluyendo a quienes integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Adicionalmente, el mecanismo que establece la reforma es que quienes se encuentren en la boleta el día de la elección serán propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tomando en consideración la forma en que ha operado la mayoría en el Legislativo desde hace unos años, no es creíble que las candidaturas que proponga garanticen imparcialidad frente a los intereses del gobierno. O que las personas que proponga el Ejecutivo actuén en contra de éste. El mejor ejemplo que tenemos es la última ministra de la Suprema Corte que fue designada directamente por el presidente de la República. Es claramente una juzgadora militante del Poder.
Esto último también genera un problema en términos de justiciabilidad. El Poder Judicial está llamado a limitar, a través de resoluciones, el actuar de los otros dos Poderes (Ejecutivo y Legislativo). Siempre tomando en consideración el respecto a la Constitución. Esa seguridad que tenemos, por lo menos en papel, nos da certeza a quienes habitamos en este país de que no habrá abusos y, en caso de que ocurran, que los mismos podrán ser corregidos y enmendados a partir de una resolución de un juez imparcial. ¿Cómo se limita al Poder, cuando tu cargo se lo debes al Poder? Así el tamaño del problema.
La certeza es fundamental en la impartición de justicia, más cuando se vincula directamente con imparcialidad. No garantizarla, inhibe su acceso y fomenta problemas mayores. La academia, la judicatura, las Universidades (públicas y privadas), los mercados internacionales, así como los países del norte del continente ya detectaron el problema de certeza que genera la reforma al Poder Judicial. Es increíble que las mayorías legislativas no lo hubieren apreciado antes, ni lo vean. No debe quedar duda que la visión de Estado y la responsabilidad es y seguirá siendo un bien muy escaso.
*Maestro en democracia y derechos humanos.
