Si la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, ¿Existe argumento legal para que algunos ministros pretendan desecharla?

Una vez que el pasado 15 de septiembre fue aprobada la reforma al Poder Judicial, pues lo que se espera es que continúe su proceso para ser aplicada como corresponde, sin embargo, tres días después, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, abrió una nueva consulta con los otros Ministros del máximo tribunal del país para determinar si es procedente una controversia que Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación interpusieron para suspender la aplicación de dicha reforma, que como sabemos ya está aprobada tanto en el Congreso como en la mayoría de las legislaturas locales, posteriormente, publicada en el Diario Oficial de la Federación y que por tanto, entró en vigor al siguiente día de su publicación.

Después de que fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el último paso para aplicar la reforma constitucional es su ratificación en al menos 17 de los 24 Congresos estatales que gobierna el Partido oficial desde las elecciones del 2 de junio pasado. Pero, debido a tanta controversia de parte de las autoridades del Poder Judicial por no estar de acuerdo con esta reforma ya que esto les limita los privilegios que siempre han tenido y la pregunta es:

¿Es legal esta reforma al Poder Judicial?

En entrevista, el Lic. Javier Martín Reyes, Abogado Constitucionalista e Investigador de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el hecho de que la Ministra Norma Lucía Piña haya turnado la consulta a la Suprema Corte de Justicia de La Nación, a través del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es debido a que como este es un asunto de carácter singular, se le tenía que consultar, lo que considera como un acto responsable por parte de la Ministra.

No obstante, tres de las Ministras (Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf no estuvieron de acuerdo y más allá de que si están de acuerdo o no, las dos primeras dijeron que la Corte estaría creando una crisis constitucional y adoptando una actitud golpista, lo cual, a alguna parte de la sociedad le crea en cierta forma una preocupación innecesaria. Por lo que, se le preguntó al Abogado Constitucionalista, Lic. Javier Martín Reyes y dijo que son afirmaciones apresuradas e irresponsables por parte de dichas ministras ya que la Corte aún no se pronuncia al respecto y es precisamente la instancia que tiene la última palabra en cuanto a controversias constitucionales por la interpretación de la misma.

Así que, el próximo año 2025 habrá proceso de elección de jueces, ministros y magistrados mediante voto popular.