El pasado 2 de junio se llevaron a cabo elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, además de elecciones extraordinarias en Puebla. Como en todos los procesos electorales locales, los institutos electorales de cada estado fueron los encargados de emitir las convocatorias correspondientes[1], por medio de las cuales se establecen las condiciones para que los partidos políticos, las candidaturas independientes y la ciudadanía participen.
Así, el 28 de diciembre de 2018 el IEEBC[2] aprobó la convocatoria a los cargos de elección popular que se elegirían en la entidad: las autoridades de los 5 municipios, el Congreso local y la persona titular del Ejecutivo estatal. En este último caso se establecía que el período del cargo sería del 1° de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, con el fin de que la próxima elección coincidiera con las elecciones federales de 2021. Debido a que la reforma político electoral 2014 estableció, en el art. 116 constitucional, la obligación de que: “Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales”.
En cumplimiento a esta disposición, en 2016, en Puebla y Veracruz se eligieron Gobernadores por un periodo de 2 años, lo que no significó mayor problema. Sin embargo, en el caso de Baja California se ha vivido un tenso ambiente post-electoral, pues a pesar de que en la convocatoria se señaló la duración de la gubernatura y en el transcurso del proceso ésta fue impugnada y validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez concluido el Proceso Electoral, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 8º transitorio de la Constitución local, con la finalidad de ampliar el periodo de la gubernatura de 2 a 5 años, atentando en contra del principio de certeza, la voluntad de las y los votantes y tratando de favorecer al candidato electo.
Sumado a ello, hemos presenciado una serie de acciones por parte de diferentes actores políticos con las que se pretende legitimar la ampliación del periodo de la gubernatura. Muestra de lo anterior es que, una vez aprobada dicha reforma, ésta debía turnarse al Gobernador para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, pero esto no ocurrió. En su lugar, el Legislativo convocó a una consulta ciudadana, para conocer la opinión de las y los bajacalifornianos sobre la ampliación del periodo de la gubernatura y, a partir de los resultados, el Congreso local decidiría si continuaba con el proceso legislativo o no. Así el pasado 13 de octubre se llevó a cabo la consulta ciudadana organizada por una Comisión Especial de la Junta de Coordinación Política, una consulta que careció de fundamento legal y que fue promovida para que la gente mostrara su anuencia con una reforma del propio órgano promotor y organizador de la consulta.
Después del ejercicio consultivo, la Comisión especial informó que participaron un total de 53 mil 419 personas, en 250 urnas instaladas en el estado. Del total de participantes, 45,030 votaron a favor de un periodo de 5 años y 8,186 personas optaron por una gubernatura de 2 años, además de 203 opiniones nulas[3]. Estos datos contrastan con las 4,804 casillas instaladas por la autoridad electoral para los comicios del 2 de junio, en el que se contabilizaron 840, 486 sufragios y la participación de 19,216 ciudadanos y ciudadanas como funcionarias de mesa directiva de casilla. Adicionalmente, durante la jornada se conocieron testimonios que aseguraban que no se contaba con las medidas de seguridad y los mecanismos necesarios para garantizar la imparcialidad y confiabilidad de los resultados. Finalmente a pesar de las irregularidades y la poca participación ciudadana, derivado de la consulta, el Congreso decidió continuar con el proceso legislativo, y el pasado 17 de octubre se publicó en el Periódico Oficial el Decreto que reformó al artículo 8º transitorio.
Por lo anterior, el INE promovió una acción declarativa en el marco de un Juicio Electoral ante el TEPJF con el que se busca que la Sala Superior determine con toda claridad que el periodo que debe durar esta gubernatura es de 2 años, tal y como se estableció en la convocatoria. Por su parte, diversos partidos políticos y el actual Gobierno de Baja California han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma aprobada, así que deberá ser la Corte quien resuelva los recursos presentados, por lo pronto, la toma de protesta del Gobernador electo está prevista para el 1 de noviembre. La resolución de la SCJN tendrá gran relevancia, pues con ella se podría abonar en la construcción de un sistema electoral dotado de certeza, legalidad y seguridad, o bien, podría sentarse el peligroso precedente que valide la modificación de las reglas del juego una vez pasada la jornada electoral.
[1] El INE asumió completamente la organización del Proceso Electoral extraordinario en Puebla para la elección de gobernador y 5 Ayuntamientos.
[2] Instituto Estatal Electoral de Baja California.
[3] Se informó que las personas que integran el Colegio de Abogados Emilio Rabasa fueron quienes contabilizaron las boletas y que el titular de la Notaría número 13 de Baja California dio fe de los hechos.
