Nadie la vio venir. Alrededor de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación comenzaron un paro de labores. Ante la insistencia de proyecto de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, los empleados del Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados paralizaron sus tareas y con ello, los tribunales de México. Protestando por sus derechos y por la salvaguarda de la esencia de la democracia, la muy mencionada división de poderes. Esta, no es solo una protesta laboral, sino un grito desesperado en defensa de la independencia judicial y contra una reforma que amenaza con desmantelar el equilibrio de poderes en el país.
La preocupación es en torno a la politización del poder judicial, al riesgo de la imparcialidad y la independencia de quienes son garantes de los derechos de las y los ciudadanos, y es que, el Poder Judicial tiene suficientes retos que son urgentes atender, y lo que la reforma promete es agregar una ola de dificultades para el sistema de justicia mexicano.
Si se permite que el PJF pierda su independencia, el acelerador del poder de los gobernantes será desenfrenado. Finalmente, y como se ha visto, las elecciones populares pueden inclinar la balanza hacia un lado significativamente, y si agregamos en este caso, al Poder Judicial, estamos en grave riesgo de perder la seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos.
El impacto de esta reforma no puede subestimarse. El paro ha evidenciado una fractura entre los trabajadores para la justicia y el ejecutivo, la mayoría de los empleados del PJF, han expresado su rechazo tajante, denunciando la falta de diálogo genuino con el gobierno y la imposición de una agenda que consideran peligrosa para la democracia. Su exigencia es clara: detener la reforma y abrir un diálogo real que contemple la independencia judicial y no vulnere los derechos de los ciudadanos más vulnerables.
Ciudadanas y ciudadanos mexicanos, desde su trinchera y a través de las redes sociales, se han manifestado en defensa del Poder Judicial, exigiendo que se respete la independencia del mismo y haciendo hincapié en la importancia de la experiencia profesional para pertenecer al PJF, mostrándose en contra de la elección popular de jueces y magistrados que propone la reforma.
Esta situación crítica merece respuestas serias por parte del presidente López Obrador, aunque bien sabemos, que, en estos últimos seis años de gobierno, poco diálogo se ha recibido. Lejos de tomar responsabilidad, este gobierno ha minimizado las problemáticas culpando al pasado y a la oposición. Las exigencias del PJF son legítimas y son provocadas por la crítica reforma que lejos de resolver los problemas de justicia, la corrupción y la impunidad promueve el riesgo al Estado de Derecho, el contrapeso del PJF y la impartición de justicia en México. Estamos viviendo una crisis importante y se deberá tomar responsabilidad de ella desde nuestros gobernantes. No podemos seguir aceptando el discurso de que la reforma no pone en riesgo la democracia, porque claro está, que pone en riesgo la independencia del poder judicial y sin independencia judicial no hay democracia.
