/ miércoles 22 de febrero de 2023

Sobre la estatización del litio 

El año pasado se reformó la ley minera para que el Estado Mexicano, mediante la empresa pública, Litio Mx, sea la única que pueda explorar, explotar y aprovechar el litio, mineral necesario para la producción de baterías para dispositivos de comunicación móvil y vehículos eléctricos.

Si el futuro de la movilidad es eléctrico, la generación de baterías se vuelve esencial; pues como hemos visto, la transición energética es una realidad ineludible para los próximos años. Sin embargo, no es suficiente tener reservas de litio, se debe contar con la capacidad de ubicarlo y extraerlo, de transformarlo y comercializarlo.

Es decir, es necesario crear una industrial del litio, para lo cual se requieren datos, presupuesto, personas expertas, instituciones de investigación científica, infraestructura y demás conocimientos que México deberá desarrollar en tiempo récord para ser capaz de aprovechar esta oportunidad de subirse a la ola del futuro.

Actualmente, las reservas mejor ubicadas están en Sonora, que ya en años anteriores impulsó la energía solar y hoy, gobernada por Morena, se anuncia como la vanguardia del litio en México, seguida de lejos por Zacatecas, Baja California y San Luis Potosí.

Recapitulando, el pasado 12 de diciembre, en medio de la álgida votación por la Reforma Energética, el Legislativo votó por la estatización del litio, es decir que quedó prohibido otorgar concesiones a privados, de ahí la importancia estratégica de Litio Mx, pero ¿basta una sola institución para crear toda una industria? Especialmente si consideramos que, debido a los recortes presupuestales, la otrora Subsecretaría de Minería se volvió una Dirección General o que el CONACyT ha renunciado al impulso de las ciencias y las ingenierías.

Quizá el impulso al litio venga de afuera, pues México sí figura entre los diez países con mayores reservas, antecedido por Argentina, Bolivia y Chile, pero al no tener una industria consolidada ni la posibilidad de otorgar concesiones, la asociación estratégica del TMEC podría ser una ventaja competitiva importante, pues aunque EEUU ya está haciendo inversiones en Nevada, donde cuentan con la mayor reserva de litio en ese país, está muy interesado en asegurar el suministro de éste mineral para las industrias automotriz y aeronáutica. No es gratuito que para marcar terreno frente a China, la estadounidense Tesla haya calentado los mercados anunciando su interés en las minas de litio mexicanas.

A partir del pasado 18 de febrero, fecha en que la presidencia de la República anunció el decreto de nacionalización, empezaremos a ver cada vez más, la presencia de la nueva empresa pública y las decisiones políticas alrededor de este tema, lo cual nos lleva a cuestionar la certidumbre jurídica que permitirá la inversión nacional necesaria para el proyecto, pues aunque suena bien que la iniciativa privada nacional se involucre en el desarrollo de la industria del litio, hemos comprobado que el ineficiente desempeño del Estado mexicano como administrador de recursos, como cada día nos lo recuerdan PEMEX y la CFE.

El año pasado se reformó la ley minera para que el Estado Mexicano, mediante la empresa pública, Litio Mx, sea la única que pueda explorar, explotar y aprovechar el litio, mineral necesario para la producción de baterías para dispositivos de comunicación móvil y vehículos eléctricos.

Si el futuro de la movilidad es eléctrico, la generación de baterías se vuelve esencial; pues como hemos visto, la transición energética es una realidad ineludible para los próximos años. Sin embargo, no es suficiente tener reservas de litio, se debe contar con la capacidad de ubicarlo y extraerlo, de transformarlo y comercializarlo.

Es decir, es necesario crear una industrial del litio, para lo cual se requieren datos, presupuesto, personas expertas, instituciones de investigación científica, infraestructura y demás conocimientos que México deberá desarrollar en tiempo récord para ser capaz de aprovechar esta oportunidad de subirse a la ola del futuro.

Actualmente, las reservas mejor ubicadas están en Sonora, que ya en años anteriores impulsó la energía solar y hoy, gobernada por Morena, se anuncia como la vanguardia del litio en México, seguida de lejos por Zacatecas, Baja California y San Luis Potosí.

Recapitulando, el pasado 12 de diciembre, en medio de la álgida votación por la Reforma Energética, el Legislativo votó por la estatización del litio, es decir que quedó prohibido otorgar concesiones a privados, de ahí la importancia estratégica de Litio Mx, pero ¿basta una sola institución para crear toda una industria? Especialmente si consideramos que, debido a los recortes presupuestales, la otrora Subsecretaría de Minería se volvió una Dirección General o que el CONACyT ha renunciado al impulso de las ciencias y las ingenierías.

Quizá el impulso al litio venga de afuera, pues México sí figura entre los diez países con mayores reservas, antecedido por Argentina, Bolivia y Chile, pero al no tener una industria consolidada ni la posibilidad de otorgar concesiones, la asociación estratégica del TMEC podría ser una ventaja competitiva importante, pues aunque EEUU ya está haciendo inversiones en Nevada, donde cuentan con la mayor reserva de litio en ese país, está muy interesado en asegurar el suministro de éste mineral para las industrias automotriz y aeronáutica. No es gratuito que para marcar terreno frente a China, la estadounidense Tesla haya calentado los mercados anunciando su interés en las minas de litio mexicanas.

A partir del pasado 18 de febrero, fecha en que la presidencia de la República anunció el decreto de nacionalización, empezaremos a ver cada vez más, la presencia de la nueva empresa pública y las decisiones políticas alrededor de este tema, lo cual nos lleva a cuestionar la certidumbre jurídica que permitirá la inversión nacional necesaria para el proyecto, pues aunque suena bien que la iniciativa privada nacional se involucre en el desarrollo de la industria del litio, hemos comprobado que el ineficiente desempeño del Estado mexicano como administrador de recursos, como cada día nos lo recuerdan PEMEX y la CFE.