Parece ser la premisa de la posición oficialista en la vacilada en la que se han convertido los mal llamados Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial convocados por el Congreso de la Unión, pues al igual que en las otras iniciativas del Presidente de la República, en la presente administración no están dispuestos a cambiarle una coma, respaldados en la abrumadora y aplastante victoria obtenida en las urnas en las pasadas elecciones, triunfo que interpretan como una carta en blanco para avasallar con todo aquello que se le opone, principalmente cuando se trata de contrapesos naturales ante el poder omnímodo que en este tiempo representa el titular del Ejecutivo Federal.

En ese sentido, con la “respetuosa bienvenida” que dio la mayoría legislativa
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evento, abiertamente les adelantaron que para que no digan, fueron invitados como una mera formalidad, pues la determinación de dar cause a la reforma ya había sido tomada, esto es, aunque no lo hayan expresado así, fue ordenada desde la presidencia.

En lo personal, pienso que los puntos importantes de la reforma son: la reducción en los integrantes de la Corte, de 11 a 9 el número de ministras y/o ministros; la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la creación de un sistema de precedentes jurisprudenciales y el fortalecimiento de los mecanismos de defensa del orden constitucional. Orden que según los hechos, evidentemente no ha sido respetado por quienes proponen hoy su fortalecimiento.

Todos ellos de suma trascendencia para el futuro de nuestro país y cada uno merecería una amplia discusión sobre su implementación, pero sin lugar a duda lo que hace más ruido es la elección popular de los juzgadores que en principio a muchos nos parece un despropósito, tan es así que nos encontramos en medio de una polémica sumamente polarizada entre sus defensores y opositores. Disputa que, a nivel de banqueta, más que técnica parece ideológica.

Nadie discute sobre la necesidad de modificar la manera en que se imparte justicia en este México nuestro, donde tal parece que esta es privilegio de solo quien tiene los recursos económicos suficientes para hacerla valer por las vías institucionales que están muy alejadas de los sectores más vulnerables de la población, que son la mayoría de los mexicanos, tampoco se puede negar la existencia de intereses creados en segmentos de su ejercicio, el desacuerdo nace con el cómo cambiar tal situación y si la elección popular planteada por la reforma es una solución sensata para salir del hoyo en que estamos metidos, en mi opinión, la iniciativa es una reestructuración administrativa que poco o nada tiene que ver con la eficiencia del aparato de justicia en beneficio de los ciudadanos y mucho con el ejercicio del poder por el poder mismo, pues sus diseñadores y defensores no han aclarado porqué operaría mejor el aparato de justicia con la reforma propuesta.

Mirando la situación con ese enfoque, adquiere sentido la intensificación del brutal acoso que está padeciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el último reducto del equilibrio de poderes que caracteriza a una república, que en nuestro caso, ya no sería tal si el contrapeso que hoy representa el poder judicial sucumbiera ante la polémica y poco conciliadora pretensión de la mayoría legislativa.

En fin…que Dios nos agarre confesados

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