El 18 de enero pasado en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, se suscitó una explosión en un ducto de Pemex, derivado a la fuga de combustible en una toma clandestina. Dicha explosión ha sido, sin duda alguna, una de las más fuertes que se hayan registrado en nuestro país. Lo más lamentable del suceso es que, en él, hasta el momento han perdido la vida 114 personas y permanecen hospitalizadas otras 33.
Independientemente de los elementos fortuitos que hayan llevado a esta tragedia, es importante destacar que existen algunas circunstancias que, de haberse actuado de distinta manera, la explosión hubiera sido controlada a tiempo o, por lo menos, la pérdida de vidas no hubiera ocurrido.
Desde luego, la lucha contra el robo de combustible debe ser prioritario para el Gobierno Federal; en ello, cuentan con el apoyo total de diversos sectores de la población, sin embargo, los métodos utilizados son altamente cuestionables dadas las consecuencias que nos ha dejado ese combate al huachicoleo.
Por un lado, la tragedia en Tlahuelilpan pudo haberse evitado de haberse actuado en tiempo y forma. De acuerdo con la cronología de los hechos, relatada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, entre el aviso de la fuga de combustible y el cierre de la válvula para evitar que el material se siguiera derramando, pasaron casi 4 horas. Adicionalmente, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que se encontraban en el lugar de los hechos, se vieron impedidos para actuar al ser rebasados en número por las personas que recogían en tambos, bidones y cubetas, el combustible, generando, incluso, conatos de agresiones que obligaron a los elementos del Ejército a replegarse.
Por otro lado, el desabasto de gasolinas, generado por esta estrategia, ha traído consigo consecuencias lamentables para la ciudadanía. Desde pérdidas económicas para los negocios por ver disminuida su clientela o por el impedimento de abastecerse ante la falta de movilidad. Asimismo, transportistas, comerciantes y ciudadanía en general, se han visto afectados al tener que realizar filas kilométricas para adquirir el combustible.
La pretensión de abastecer mediante pipas, no sólo ha elevado críticamente los costos, sino que, además, no es suficiente para hacer llegar la gasolina a todos los estados de la República. Lo anterior, sólo ha demostrado que la estrategia fue mal planeada, no previó las consecuencias, no consideró el abasto de gasolinas y también ha puesto en grave riesgo a la población. En conclusión, el plan es inexistente y, en caso de existir, ha sido un desastre.
Incluso, en un acto de diálogo abierto por el Congreso de la Unión, se convocó a reunión de trabajo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Energía; de Petróleos Mexicanos; y de la Procuraduría Federal del Consumidor.