Por Sheila Vargas Rojas
El pasado 25 de octubre del 2023 el huracán Otis dejó grandes afectaciones en el estado de Guerrero. Dolorosamente, los desastres naturales aumentan la vulnerabilidad de las mujeres, limitan tanto su acceso a la información como los recursos para mitigar los riesgos derivados de estos fenómenos. Actualmente las mujeres en Guerrero sobreviven tres crisis: los estragos del huracán, la inseguridad desatada en la entidad y la violencia de género.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), en 2020 el 64% de la población guerrerense vivía en situación de pobreza y el 56.3% carecía de servicios básicos. Sin embargo, si se trata de una mujer indígena, hay un 90% de probabilidades vivir en pobreza extrema. Tras el paso del huracán los niveles de pobreza de acentuaron dejando a las zonas rurales como las más lesionadas, potencializando la vulnerabilidad de las mujeres más alejadas de las urbes.
El aumento de incidencia delictiva en la entidad fue uno de los primeros vestigios de Otis. Al respecto se ha hecho hincapié en el delito de robo cometido sobre todo en viviendas. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Municipal de la Mujer, en los últimos 4 meses, la violencia contra la mujer aumentó un 48%. El lento restablecimiento de servicios públicos, espacios de trabajo, escuelas y viviendas dispara los índices de violencia contra las mujeres. El antecedente inmediato fue el aumento de violencia en los hogares derivado del confinamiento por la pandemia de COVID 19. Tras el huracán, colectivos feministas y organizaciones civiles han enfatizado un aumento considerable en los casos de violencia sexual, familiar y agresiones físicas hacia las mujeres. Penosamente son pocos los casos atendidos por autoridades de seguridad. Cabe resaltar que desde 2017, Guerrero cuenta con dos declaratorias de alerta por violencia de género: por violencia feminicida y violencia sexual, contexto que pareciera no ha sido retomado dentro de las políticas de seguridad.
Para atender la inseguridad imperante, el gobierno federal ha implementado el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para el aseguramiento de la paz, específicamente un cuartel en cada colonia de más de mil viviendas. Esta medida debe ser cuidadosamente monitoreada ya que la militarización de la entidad es una estrategia previamente adoptada que no soluciona el problema, por el contrario, suele conllevar graves violaciones a los derechos humanos de la población civil. Medidas como esta fueron el escenario para los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas del estado de Guerrero agredidas sexualmente por elementos castrenses.
Un plan de seguridad y reconstrucción requiere necesariamente un enfoque de género que reconozca la situación de vulnerabilidad acentuada para determinadas poblaciones, que establezca directrices específicas para la violencia de género, que permita la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, así como el acompañamiento de organizaciones y colectivos civiles. En este 8 de marzo, se recuerda que aún en situaciones de emergencia, los derechos de las mujeres tienen vigencia, su seguridad es prioridad y sus voces importan.
ONU Mujeres, “Reducción del riesgo de desastres”, disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/humanitarian-action/disaster-risk-reduction#:~:text=Los%20desastres%20afectan%20a%20las,se%20derivan%20de%20los%20desastres., (fecha de consulta: 29 de febrero del 2024).
