El Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Paola Buenrostro” que tipifica el transfeminicidio y fue impulsada por activistas y organizaciones de la sociedad civil a raíz del transfeminicidio de Paola Buenrostro que a la fecha está impune. La activista Kenya Cuevas no ha parado de luchar con valor y fuerza por la justicia, la inclusión y la paz. Merecen un reconocimiento público el diputado Temístocles Villanueva y su equipo quienes desde 2021presentaron la iniciativa y trabajaron esos años para su aprobación con convicción. Eso es democracia abierta y representativa.
Un transfeminicidio es un asesinato de odio que se comete por cuestión de identidad o expresión de género y que se manifiesta por ejemplo cuando la persona agresora haya atacado verbalmente a la víctima por su identidad o expresión de género, por la violencia sexual, lesiones degradantes, mutilaciones, cortado o quemado el cabello encontrado en la víctima o cuando el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o arrojado en un espacio público entre otras características de tortura, crueldad, extrema violencia y manifestación de odio. También se considera como agravante en caso de que sea cometido en el marco del ejercicio del trabajo sexual. Al respecto, por primera vez una Ley de la Ciudad de México reconoce como tal el trabajo sexual, cuando antes de 2019, la “prostitución” aún estaba sancionado legalmente por la Ley de Cultura Cívica como bien señala Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED quien respaldó la iniciativa.
La Ciudad de México es la segunda, después de Nayarit, en lograr esta tipificación que no solamente se enfoca en lo punitivo, sino que modifica también la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México para que se investigue sin revictimizar. Se reconoce la figura de la “familia social” considerada como el “círculo más cercano de la víctima, es decir, amistades, compañeros o compañeras de trabajo o de vivienda o cualquier otra que tenga una relación estrecha y reconocida con la víctima” para la realización de los trámites y de la reparación del daño correspondientes.
La falta de datos oficiales por parte del Estado en materia de crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género invisibiliza la situación de violencia que atraviesa México desde hace varios años y que la sociedad civil reporta, sistematiza y visibiliza. En esta Ley se obliga a la Fiscalía a sistematizar y divulgar datos sobre delitos cometidos contra las poblaciones de la diversidad sexual y de género, una reivindicación histórica de los activismos que sigue pendiente de atenderse en lo federal. De hecho, activistas llevan varios años exigiendo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación actué en este sentido y elabore una estrategia de prevención, atención, información, justicia, reparación y no repetición de los crímenes y violencias por odio contra las poblaciones de la diversidad. Ahora que publicó un posicionamiento de reconocimiento a la Ley y de exhorto para que se replique en los demás estados, es momento de actuar para impulsar esa estrategia nacional por una vida con derechos, libre de violencia con los activismos y poblaciones que lo demandan.
