El 15 de noviembre es la fecha límite para la presentación del Paquete Económico 2025. En él se muestra como espera Hacienda que nos pinte el año que entra, las propuestas sobre el gasto del gobierno y los cambios en impuestos. Ante la falta de recursos y endeudamiento que dejó López Obrador, la Presidenta deberá realizar recortes al gasto, cobrar más impuestos y asegurar dinero para las reformas constitucionales.
Desde la instalación del nuevo Congreso de la Unión en septiembre pasado, las reformas constitucionales no han parado: al Poder Judicial, de Programas sociales, de Pemex y CFE, de Vías férreas, sobre Inimpugnabilidad de las reformas y de Vivienda a trabajadores. Sin embargo, una cosa es lo que diga la Constitución y otra lo que sucede en la realidad. Sin presupuesto no se materializarán los cambios aprobados: una irresponsabilidad por parte de nuestros legisladores. Ante la falta de recursos, al gobierno de la presidenta Sheinbaum le urge recortar el presupuesto y apropiarse de cualquier recurso disponible (incluidas las revocaciones de pensiones del ISSSTE).
Las reformas constitucionales aprobadas en fast track nos costarán miles de millones de pesos. Tan solo la elección del Poder Judicial de la Federación costará, según el INE, 13 mil millones de pesos. Esto es, 5 mil millones de pesos más cara que la elección presidencial pasada. El costo obedece al tamaño de la elección: 861 juzgadores federales, nueve ministros de la Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistrados de las cinco salas regionales del mismo tribunal. Algunos estiman que la votación tendría que durar varios días.
Para el siguiente mes se espera un intenso jaloneo del Presupuesto de Egresos de la Federación. Tanto la Titular del Ejecutivo Federal como la presidenta del partido oficialista salieron a decir que el INE debía bajar el costo de la elección. Se sabe públicamente que las cuentas no alcanzan para implementar los descuidados cambios constitucionales.
Continuando con el plan, se espera que los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAS) no existan el próximo año. Con esta reforma no solo se eliminan contrapesos, sino que el Gobierno se apropia de sus recursos, puestos de trabajo y fondos. Los OCAS que desaparecerán son: el INAI (mil mdp), la COFECE (688 mdp), el IFT (1.6 mil mdp), el CONEVAL (411 mdp), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (247 mdp), la Comisión Reguladora de Energía (285 mdp) y la Comisión Nacional para Mejora Continua de la Educación (666 mdp). En conjunto, el presupuesto de estas instituciones para 2024 es de 5 mil mdp, es decir, se gastará casi 3 veces más solo en la elección de la Reforma Judicial.
Los argumentos para la reforma constitucional de los OCAS es la supuesta duplicidad de funciones y la necesidad de redirigir recursos hacia programas sociales. Ninguno es verdadero. El descuido y la imprudencia que ha permeado en esta ola de reformas constitucionales marcará esta administración. Una vez más, aunque se diga lo contrario, la Presidenta terminó convertida en rehén de sus legisladores y dirigentes partidistas. Por lo pronto, el arranque del sexenio quedó comprometido.
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
