Por Beatriz Moguel Ancheyta
Japón es un país que conoce y entiende perfectamente de tsunamis. Esas olas gigantescas que arrasan litorales y provocan graves inundaciones son cotidianas en ese país. No es casualidad que los tsunamis se produzcan en zonas altamente sísmicas, como también lo es Japón.
Eso explica que las enormes olas no se originan en el agua sino debajo de la tierra. Todo empieza, por lo regular, con el quiebre de una falla de la corteza terrestre en el fondo marino que genera a su vez una desproporción en las masas de agua circundantes, que se agolpan con el agua que está encima y se van sumando hasta elevarse y derivarse por naturaleza hacia el litoral, arrasando con todo.
El movimiento de resistencia del Poder Judicial Federal funcionó igual. Todo empezó por la indignación generalizada ante los injustos ataques de la mañanera, donde se nos utilizó como distractor de otras noticias indeseables y como nuevo enemigo, tal como se había hecho con otros grupos como la clase media que les quitó la mayoría del Congreso en 2021, los estudiosos aspiracionistas, periodistas liberales, médicos en la pandemia, madres buscadoras, feministas, padres de niños con cáncer y los activistas de Ayotzinapa,
En general, toda la población que ha osado oponerse al discurso oficialista, desde donde siguió la eliminación de órganos autónomos reguladores y el debilitamiento al Poder Judicial; en general, a los contrapesos y toda institución que frenara el abuso de poder.
La pregonada venganza contra el Poder Judicial Federal por no haberse sometido es realmente sólo un síntoma. La verdadera finalidad de la reforma judicial es hacerse de todo el poder, eliminado los límites constitucionales que lo impiden.
Nada nuevo, lo mismo han hecho los grandes dictadores de la historia. Flavio Josefo narra que Herodes el Grande, tan pronto fue designado rey, eliminó a 45 altos funcionarios del rey anterior y designó sumos sacerdotes a gente oscura proclive a él. La connivencia y complacencia entre el prefecto romano Pilatos y el Sanedrín Judío, redundó en que Jesús de Nazareth nunca tuvo un juicio justo, sino como nos dice Ignacio Burgoa, una ejecución política plagada de violaciones.
En Perú, Fujimori, aún sin tener la mayoría de las cámaras legislativas, disolvió el Congreso y determinó “moralizar” la administración de justicia y tribunales alegando que eran trabas para sus decisiones, escudándose en que el Poder Judicial hacía “politiquería” y había caído en el sectarismo político, en la “liberación inexplicable de narcotraficantes”, en la lentitud de los procesos.
¿Suena conocido? Hasta son las mismas palabras. Esa ruta en Perú dio inicio a una ola de crímenes de Estado que quedaron impunes con leyes de amnistía, las que posteriormente se declararon inconvencionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Ya lo había hecho también Juan María Bordaberry en Uruguay, encabezando un golpe de Estado militar e implantando una dictadura de 12 años, que se pretendió solapar con una ley de prescripción penal que, por fortuna, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, restaurándose la libertad de la república para 1985.
En Guatemala, Jorge Serrano Elías consumó el golpe de Estado al disolver el Congreso, suspender la Constitución y destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero la resistencia nacional e internacional lo obligaron finalmente a renunciar y huir a Panamá.
En el caso de Venezuela, los analistas de ese país comentan que “Chávez siempre quiso ponerle la mano a la Justicia. Y lo primero que hizo fue una limpieza de jueces ordinarios. Con el Tribunal Superior hizo lo mismo: aumentó a 32 el número de magistrados para garantizarse la mayoría”, “No hay esperanzas de ejercer derecho alguno en Venezuela. No hay instancias a las cuales acudir. El Poder Judicial es la bisagra entre los otros dos poderes. Cuando se toma esa bisagra, no hay esperanza de democracia”.
También se argumenta que “Hay magistrados que no tienen el perfil ni académico ni jurídico para estar allí, son paracaidistas que están allí para complacer al gobierno”; en un avasallamiento de poder que ha sido expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Apitz Barbera), y la relatora de la ONU Marta Valiñas, por la falta de independencia judicial e interferencia de actores políticos en el sistema de justicia, como lo confirman múltiples precedentes de la Corte Interamericana sobre ataques a la independencia judicial, que se basaron igualmente en motivos injustificados.
Todos esos gobiernos fueron aplaudidos en su momento, se sostuvieron con propaganda y al caer dejaron en claro que no sirvieron para ayudar al pueblo, y sí lo dejaron sumido en la peor de las miserias, costando a las generaciones futuras muchos años para poder levantarse.
En México, el falso discurso de odio causó una falla en los cimientos de la justicia. Los trabajadores pararon funciones ante la necesidad de salir a expresarse, a desvelar el engaño a la población, a difundir nuestro trabajo, resultados y luchar contra la desinformación oficialista (empresa difícil si se considera que el Estado es el dueño de casi todos los micrófonos).
A esas aguas profundas de los trabajadores se sumaron las aguas intermedias de los titulares jurisdiccionales. Más tarde se aumentó con el agua fresca de los jóvenes estudiantes de escuelas públicas y privadas, para lo cual la ola ya tenía magnitudes épicas. La han acrecentado miembros de la sociedad civil que ven claramente la pérdida de la democracia. Últimamente se le sumó la oleada de impugnaciones jurídicas en instancias nacionales e internacionales.
Actualmente el tsunami de la libertad está en su cúspide más alta: en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aun es tiempo. En sus manos está el detener el avance de la autocracia. La resolución de La Corte es la gota que falta para que la mentira se desenmascare y la verdad se derrame, derribando los falsos cimientos de barro del autoritarismo y trayendo de regreso a la república al orden constitucional, reafirmando la división de poderes y recuperando la democracia.
Sólo así podremos garantizar justicia, Estado de derecho, incluso justicia social y paz nacional. Y podremos heredar a nuestros hijos la libertad que recibimos de nuestros héroes, el Poder Constituyente que nos dio esas libertades que quedaron plasmadas en la Constitución y que protestamos guardar y proteger para el futuro de nuestra nación.
¿Retomará el Pleno de la Corte la tesis del Amparo en Revisión 186/2008, sobre las cláusulas intangibles implícitas del Poder Constituyente, que son intocables para el Poder Reformador de la Constitución y la premisa de que éste tiene competencia para modificar la Constitución, pero no para destruirla? ¿O incluso irá más allá? ¿Aprovechará la oportunidad histórica para enlistar de una vez las cláusulas pétreas e intocables del Constituyente, como lo hace la Constitución Alemana en su artículo 79, a fin de que ningún legislador posterior pueda violar el santo sepulcro de aquellos héroes?
¿Seguirá nuestra Suprema Corte el ejemplo de la Suprema Corte de Uruguay? ¿O el de la Corte Constitucional de Colombia, que en su sentencia C-551/03 determinó que el Constituyente derivado no puede usurpar el lugar del Constituyente originario, ni utilizar su facultad reformadora para destruir la Constitución? ¿Y que ese poder de reforma no puede utilizarse para sustituir el Estado social y democrático de derecho republicano, por un Estado totalitario, una dictadura o una monarquía?
¿Ejercerá nuestra Suprema Corte su deber de defensor último de la Constitución?
La ola crece y la gota pende.
Magistrada de Circuito del Tribunal Colegiado de
Apelación del Décimo Octavo Circuito, en Morelos
