@ebuendiaz

El próximo miércoles concluyen las campañas electorales. Por ley, a partir del jueves y hasta la conclusión de la jornada está prohibido realizar actos proselitistas y no podrá haber difusión de encuestas, ni sondeos de opinión relacionadas con las candidaturas. Ese periodo se le conoce como veda electoral.

La lógica detrás de dicha prohibición es que la ciudadanía tenga días para reflexionar sobre el sentido de su voto, sin que haya influencias externas que afecte ese momento. Me parece arcaica y absurda esa regla, pero es lo que tenemos. Lo que sí espero es que a través de esa reflexión millones de hombres y mujeres se convenzan de acudir a las urnas y expresen su voluntad a través del voto respecto de los más de 20 mil cargos públicos que serán electos en todo el país. Recordemos que, en la elección presidencial de 2018, el porcentaje de participación ciudadana fue de más del 63%. Ojalá dicho porcentaje aumente significativamente.

Mientras llega la veda, me parece oportuno comentar sobre el otro tipo de participación ciudadana que ocurre en las elecciones. Recordemos que en democracia casi siempre asociamos la participación política con el derecho a votar. Sin embargo, pasamos por alto una variable que es fundamental para la construcción de la confianza en la organización de las elecciones: la integración de las mesas directivas de casilla.

En nuestro país, quienes reciben y cuentan los votos el día de la jornada electoral son nuestras vecinas y vecinos. Ello significa que el INE y los partidos políticos no participan en las actividades de recepción, escrutinio y cómputos de los votos de la ciudadanía.

De hecho, el día de la elección la autoridad solamente verifica que esté debidamente integrada e instalada la casilla y dado que es derecho de los partidos designar representantes en las mismas, éstos solamente observan que las actividades de los funcionarios de casilla (nuestras vecinas y vecinos) se apeguen a lo establecido en la ley. Los partidos políticos y la autoridad no pueden intervenir en las actividades de conteo de votos el día de la elección. Tratándose de los resultados, legalmente la participación de éstos ocurre en momentos posteriores a la jornada.

Dado que nuestro sistema electoral se ha construido a partir de la desconfianza social en las instituciones, el que mujeres y hombres ajenos a las autoridades y partidos sean los que reciben y cuentan los votos, garantiza que nuestra voluntad reflejada en la boleta se mantendrá intacta y que, si llegan a equivocarse, sus errores no tendrán intencionalidad política. Eso significa inyectar una alta dosis de confianza e imparcialidad a los resultados. Seamos claros: Quién cuestiona el cómputo de resultados en casilla, automáticamente pone en duda a nuestras vecinas y vecinos.

Ahora bien, es importante señalar que esas mujeres y hombres no ejercen una función de manera espontánea. De hecho, para que ellas y ellos puedan participar en tan importante actividad, la ley obliga al INE a instrumentar una capacitación que garantice que quienes acepten ser funcionarios de casilla, desempeñarán el cargo de acuerdo con lo establecido en la ley electoral.

El INE ha previsto que se instalen más de 170 mil casillas en todo el país. Ello significa que se necesitará la participación de 1,386,876 ciudadanas y ciudadanos como funcionarios. El mayor número en la historia de las elecciones de este país.

A fin de determinar quiénes serán los designados y evitar cualquier especulación sobre presuntas designaciones a modo, el INE está obligado legalmente a realizar de manera transparente un par de sorteos en presencia de quienes integran el Consejo General y de partidos políticos. Una vez determinado los meses y la letra, el INE, a través de sus consejos distritales, toma el 13% del listado nominal de cada sección electoral.

Hoy el INE ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para informar a quienes integran ese porcentaje del listado nominal que fueron seleccionados para participar y para invitarlos a que acepten. Si la respuesta es afirmativa, la autoridad realiza la capacitación correspondiente y posteriormente determinará qué cargo ocupa cada ciudadano dentro de la casilla (presidencia, secretaría o escrutador).

No debe quedarnos duda que estamos presenciando la organización de un proceso electoral complejo. Partidos y candidaturas han estirado mucho la liga para el cumplimiento de las reglas electorales. Gobiernos han destinado recursos públicos para favorecer candidaturas, sin importar que ello implica una violación a nuestra Constitución. Pese a ello, como siempre ocurre, las mexicanas y mexicanos que han decidido aceptar la invitación del INE a ser funcionario de casilla, siguen siendo un referente de convicción y compromiso democrático y ello, debe reconocerse.

*Consultor en derecho electoral.