Según refieren, hay un dicho alemán que reza: “Si una cosa es sencilla, ¿por qué no complicarla?” Tal parece que es exactamente lo que sucede con el cálculo y distribución de las participaciones en los ingresos federales que la Secretaría de Hacienda hace llegar a los gobiernos estatales, y éstos a su vez lo que legalmente corresponde a sus municipios.

En los inicios del llamado sistema de coordinación fiscal, lo cual ocurrió en el ya remoto año de 1980, era relativamente fácil determinar lo que a cada entidad y municipio correspondía. Pero con el paso del tiempo los cálculos se complicaron de manera exagerada.

En la actualidad es una docena de fórmulas la que se aplica. Para cada una, en mayor o menor medida se requiere tener a la mano diversa información, no siempre fácilmente disponible, así como considerar una serie de elementos, variables, criterios, calendarios de entregas, periodos de ajuste, entre otras cosas. Como si al pie de la letra se hubiera seguido el dicho: “si una cosa es sencilla, ¿por qué no complicarla?”

Como bien se sabe, el orden municipal es el más débil de la estructura política del país. Además, de los casi de 2 mil 500 municipios que hay, cuando mucho cuatrocientos cuentan con la capacidad técnica necesaria como para verificar que las participaciones económicas que reciben procedentes del gobierno federal sean las correctas. Y aun en el caso de que dispongan de personal calificado para ese tipo de labores, cuando se trata de gobiernos estatales y municipales priistas los alcaldes no se atreven, por temor al mandatario estatal, a reclamar lo que legalmente corresponde a sus ayuntamientos.

Escamotear recursos financieros a los municipios es una infamia. No sólo por su proverbial limitación financiera sino porque las participaciones que a través de sus gobiernos estatales reciben del Federal son su principal fuente de ingresos. En general les representan el setenta o más por ciento del total de sus ingresos. Por ello, entregárselas de manera incompleta o inoportuna es algo que no tiene nombre.

Lo anterior viene a cuento con motivo de un estudio que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó respecto de las participaciones entregadas a los 38 municipios de la entidad durante los dos últimos años del gobernador Rubén Moreira, que fueron 2016 y 2017. Los resultados de dicho estudio los dio a conocer en días pasados la Auditoría Superior a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local.

Y fueron esos resultados los que todos intuíamos. En 2016 Moreira dejó de entregar a los municipios 142 millones de pesos. La mitad de esta cantidad a sólo cuatro de los 38 municipios. Y casualmente tres de esos cuatro municipios con ayuntamientos que encabezaban alcaldes opositores al partido del gobernador: los Monclova, Acuña y Frontera.

Y en 2017 lo que dejó Moreira de entregarles a los municipios fueron 250.4 millones de pesos. De nueva cuenta la mayor proporción de este monto, más del 68 por ciento, se quedó a deber a sólo cinco municipios. Y casualmente tres con alcaldes oposicionistas: Saltillo, Monclova y Frontera, panistas, a los que Moreira les dejó de entregar más de 137 millones de pesos.

¿Qué no hicieron esos Moreira? Todos esperan, aun los priistas, que algún día se les aplique el castigo que merecen.