Por Eloy Caloca Lafont
A finales de agosto, el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, solicitó a la plataforma sociodigital X-Twitter la remoción de un conjunto de cuentas bolsonaristas, acusadas de propagar desinformación y odio desde 2019. Esta red de micrositios —conformada por influencers, políticos y organizaciones de extrema derecha— fue denominada por la Justicia brasileña como “una milicia digital”, y según de Moraes, no sólo propagaba datos falsos sobre el presidente Lula da Silva y su actual administración, sino que llamaba a su boicot en un intento de golpe de Estado.
Ante esto, el magnate sudafricano y director de tecnologías de X-Twitter, Elon Musk, no sólo se negó a remover las cuentas, argumentando que sería “un ataque a la libertad de expresión”, sino que amenazó con retirar sus inversiones de Brasil. Estas amenazas, a su vez, derivaron en que el Supremo Tribunal ordenara, desde inicios de septiembre, la suspensión de X en el país sudamericano, lo que llevó a Musk, en última instancia, a tildar al gobierno brasileño de “autoritario” y “régimen represor”, y a acusar a de Moraes de “villano” y “dictador malvado disfrazado de juez”.
Lo cierto es que el reciente conflicto entre Alexandre de Moraes y Elon Musk revela una de las disputas centrales de hoy, en lo concerniente a la economía política de las plataformas sociodigitales. Por un lado, se encuentra la postura representada por el Estado brasileño, que afirma que estas tecnologías y las empresas que las administran deben ser reguladas, y que, ni ellas ni sus usuarios pueden violar las leyes de los países ni motivar prácticas que dañen las democracias. Mientras tanto, el punto de vista corporativo, y defendido por Musk, argumenta que, de regular las plataformas, se vulnera la libertad de expresión de cada usuaria o usuario, y que los gobiernos no deben contravenir el derecho de cualquiera a publicar cualquier cosa.
Cada postura proviene de una tradición política distinta, así como de un proyecto que favorece a actores e intereses diferentes. Lula y de Moraes simbolizan la primacía de los Estados sobre las empresas, el respeto a soberanías nacionales y el resguardo de valores democráticos, puesto que, en palabras del juez brasileño, “X-Twitter ha traído un ambiente de impunidad y tierra sin ley, […] con discursos nazis, racistas, fascistas y discriminatorios”. Elon Musk, en cambio, es la voz del anarcocapitalismo, que privilegia a las corporaciones transnacionales para que se empoderen más que los gobiernos. Según este enfoque, los millonarios promueven más libertades que el Estado, al abrir espacios de autonomía y debate colectivo; sin embargo, detrás de esta narrativa se encuentra la ambición desmedida; la radicalización política, en beneficio de incrementar el consumismo; y el total desinterés por combatir la desinformación o la violencia, si estas representan ganancias para los poderes financieros.
Alexandre de Moraes busca que X-Twitter se haga cargo de los emisores y contenidos peligrosos que deja pasar, y que, en muchos casos, favorece. Así, el juez cuestiona que, según los Términos y Condiciones de la plataforma, la persona usuaria deba ser la única responsable de sus mensajes, con el pretexto de que X no es un medio masivo, sino sólo una infraestructura de comunicación. En contraste, de Moraes establece que, si en un entorno de Internet hay comportamientos antidemocráticos, la regulación es imprescindible.
Por otro lado, Musk apela a que hacerse cargo de declaraciones falsas o dichos agresivos es un intento de censura, y se abroga el papel de ser el único capaz de abrir espacios de discusión. No obstante, el argumento de que someter a X-Twitter a la rendición de cuentas es “atentar contra la libre expresión” es una falacia, puesto que algunos usuarios de la plataforma no escriben en su calidad de ciudadanos libres, sino como actores políticos que se suman a los designios de enormes poderes y capitales, o en apoyo de discursos extremistas, para manipular procesos democráticos sin asumir consecuencias.
Además, no debe olvidarse que cada entorno sociodigital, como el provisto por X-Twitter, no es un ecosistema neutral, sino mediado; esto es, que sus algoritmos, curaduría de contenidos, pagos por publicidad, tendencias y usuarios más famosos (o seguidos) pueden ser cruciales en la popularidad de ciertas ideas o convocatorias. Asimismo, el uso de ráfagas o bombardeos de publicaciones, el retweet incesante de hashtags de ataque, y la propagación de mentiras, inciden perniciosamente en la opinión pública. Por ende, en conclusión: no hay libertad de expresión genuina, sino un mercado de los discursos en el que varias voces compiten por legitimidad e impacto.
En ese sentido, Tlatelolco Lab, laboratorio digital para la democracia del PUEDJS-UNAM, propone en su Decálogo de derechos digitales, un principio interesante: la libertad de expresión, pero con derecho de réplica. Sí: hay que dejar que todas y todos nos expresemos, sin censura ni amenazas; sin embargo, también con la apertura de que cada declaración pueda ser sometida a verificación, y garantizando que lo publicado no incite a la violencia, ni vulnere la privacidad o autonomía. Ante todo, promover el diálogo democrático, y no la guerra sucia ni la mentira. Por esto, y en aras de un entorno genuinamente libre para todas las voces, urge regular las corporaciones como la que Elon Musk encabeza. No habrá pluralidad mientras haya plataformas que se muestren laxas con ciertos discursos (por ejemplo, la derecha bolsonarista) y se pronuncien en contra de otros (como la izquierda de Lula). Eso, lejos de ser lo que Musk llama, burlonamente, “un triunfo absoluto de la libertad de expresión”, es un absolutismo sin libertad.
Profesor , ensayista e investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad PUEDJS-UNAM