Uso oportunista de la violencia política de género y la sororidad en el INE

por María García

Desde hace año y medio, en el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha observado el uso oportunista de dos conceptos clave: violencia política en razón de género y sororidad. Vamos a los hechos: en primer lugar, invito a revisar la fotografía oficial de la sesión del Consejo General en la que Guadalupe Taddei fue nombrada Consejera Presidenta del INE. En dicha imagen se percibe el malestar de varias consejeras, como Carla Humphrey, quien, según el fallo del TEPJF, no podía ocupar el cargo de presidenta por ser consejera electoral en funciones. En la fotografía, Humphrey expresa su desacuerdo evitando establecer contacto visual con Taddei durante la toma de protesta, un gesto que demuestra la falta de sororidad hacia la nueva presidenta.

Desde entonces, el bloqueo constante dentro del INE ha sido evidente. Consejeros y consejeras se han confabulado para hacer inoperante al instituto, llegando incluso a poner en riesgo la organización de las próximas elecciones. Esta actitud refleja una intención deliberada de paralizar al órgano electoral y descarrilar su funcionamiento institucional.

Uno de los ejemplos más claros de la violencia política de género que enfrenta Guadalupe Taddei es la actitud del consejero Jaime Rivera, quien durante las sesiones del Consejo General se ha referido repetidamente a ella como “señora”, en lugar de “consejera presidenta”. Esto viola el protocolo institucional del INE, que exige el uso de los títulos oficiales en reconocimiento a los cargos ocupados. El empleo del término “señora” no es una simple descortesía: es una estrategia para minimizar su investidura y liderazgo, reduciendo su autoridad en un espacio clave para la democracia mexicana.

Otro ejemplo claro de violencia institucional y falta de respeto hacia la investidura de la presidencia es el modo en que las consejeras y consejeros del INE dan instrucciones directas a la Secretaría Ejecutiva para leer documentos o proceder a votaciones durante las sesiones del Consejo General. En un contexto institucional adecuado, estas instrucciones deberían ser canalizadas a través de la presidencia, siguiendo el protocolo que se aplica en otros órganos colegiados, como el Poder Legislativo.

Este tipo de acciones, aunque puedan parecer menores, socavan la autoridad de la presidencia y generan una dinámica de desorganización que afecta la operatividad del Consejo. Al desviar la toma de decisiones hacia un trato directo con la Secretaría Ejecutiva, no solo se fragmenta el proceso colegiado, sino que también se envía un mensaje simbólico de menosprecio hacia la presidenta y su liderazgo.

Este comportamiento refleja un intento de deslegitimar la figura de la Consejera Presidenta y debilitar su papel en la conducción de los trabajos del Consejo General, perpetuando así una forma sutil pero constante de violencia institucional.

La violencia hacia Taddei no proviene exclusivamente de sus colegas varones. En el interior del instituto, algunas consejeras han ejercido una sororidad selectiva, promoviendo el apoyo a las mujeres sólo dentro de sus círculos cercanos. Esta exclusión interna reproduce patrones de discriminación y restringe las oportunidades de liderazgo para aquellas que no se alinean con ciertos intereses o grupos.

Este patrón de exclusión no es nuevo. La consejera Norma Irene de la Cruz fue víctima de una situación similar en años recientes, siendo relegada de espacios de decisión y colaboración simplemente por no pertenecer a un grupo selecto de consejeros. Esta dinámica elitista refleja una forma de violencia más sutil pero igualmente dañina, que fragmenta la colegialidad necesaria para la gobernanza del INE.

Otro ejemplo de sororidad dividida ocurrió el pasado 2 de junio, cuando las consejeras Claudia Zavala, Carla Humphrey y Dania Ravel, decidieron no acompañar a la presidenta Taddei durante la recepción de los resultados del conteo rápido ni en el mensaje posterior a la nación. Este gesto simboliza una clara falta de apoyo en un momento clave para el liderazgo de la consejera presidenta.

La situación llegó al extremo con las declaraciones del exconsejero presidente Lorenzo Córdova, quien en un artículo publicado en “El Universal” y en entrevistas con diversos medios afirmó que Taddei es “incapaz” y la responsabilizó de liderar la demolición del instituto. En sus palabras:

“En realidad, se trata de cambios a modo para fortalecer a la actual presidenta del INE, que, sobra decirlo, ha demostrado además de una evidente y grosera cercanía con los intereses del oficialismo una preocupante incapacidad para conducir armónicamente el colegiado y generar los consensos necesarios... Como puede constatarse, la tarea de demolición de las instituciones de la democracia que el morenismo ha emprendido continúa, reforzada en el actual gobierno”.

Estas declaraciones buscan socavar la legitimidad de Taddei, utilizando un discurso que **descalifica su capacidad y liderazgo** en un espacio institucional clave.

Seguramente habrá quienes argumenten que estas acciones no se relacionan con la violencia política de género ni con la sororidad. Por ello, considero pertinente compartir la siguiente definición para que usted, estimada o estimado lector, juzgue por sí mismo:

Violencia política en razón de género en México: Se entiende como el conjunto de actos de violencia, intimidación o discriminación contra mujeres en el contexto político, cuyo fin es menoscabar su participación o limitar su derecho a ocupar cargos públicos. Puede manifestarse mediante agresiones físicas o psicológicas, hostigamiento y amenazas, buscando descalificar o reducir la influencia y liderazgo de las mujeres en la política.

En conclusión, lo que ocurre actualmente en el INE es más que una disputa institucional; es una manifestación clara de violencia política de género y una falta de sororidad auténtica. Estas acciones, lejos de fortalecer la democracia, fragmentan la colegialidad y minan la confianza pública en las instituciones. Resistir estos intentos de exclusión y descalificación es fundamental para preservar la legitimidad del INE y garantizar un entorno democrático incluyente y plural.