Por Manuel Guadarrama

El gobierno federal presentó la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19. Anteriormente México se ha destacado campañas de vacunación exitosas, pero ahora, el desprecio de algunos funcionarios por las instituciones y el Estado de derecho puede ocasionar fallas en el diseño e implementación de la política de vacunación. En esta ocasión, las circunstancias son cada vez más complejas y la incertidumbre aumenta.

A diferencia de otros productos, los insumos médicos están sujetos a reglas especiales y complejas. La logística para distribuir y aplicar una vacuna sin que pierda sus propiedades, es una tarea titánica. La Cofepris (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) tiene la función de evitar riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de insumos, bienes y servicios (entre ellos las vacunas). En agosto del 2020, el Secretario de Salud emitió un acuerdo que ubicó bajo el control del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a la Cofepris.

Conforme avanza la pandemia, la Cofepris ha tenido que resolver cuestiones sobre la aplicación de pruebas para detectar el virus o los anticuerpos que este genera. En este primer momento, los datos arrojaron que México aplicaba muy pocas pruebas. La exigencia fue inmediata: se requería de aplicación masivas de pruebas, no solo por parte del gobierno federal, sino por parte de gobiernos estatales y de privados. Finalmente, la Cofepris autorizó las pruebas para laboratorios públicos, privados y gobiernos locales.

Ante el anuncio de que varias vacunas pasaron las fases de prueba para poder asegurar que eran eficaces, los gobiernos de los países comenzaron los procesos de aprobación y registro sanitario. México no fue la excepción, el presidente emitió un acuerdo el 29 de octubre pasado que instruía a la Cofepris para reducir los plazos de procedencia para otorgar el registro sanitario de insumos para la salud. Aquí hay un problema.

El marco jurídico mexicano no contempla una autorización de uso en emergencia, contrario a lo establecido en la Política Nacional de Vacunación. El Registro sanitario tampoco distingue sobre su venta o distribución entre sector público y privado. Entonces, ¿por qué la insistencia en si la vacuna podrá ser adquirida por privados y aplicada también por los gobiernos estatales?

En conferencia de prensa el Subsecretario mencionó que desde el punto de vista técnico el lineamiento era recomendar que la aplicación de las vacunas no fuera realizada por los gobiernos estatales: “No habría estrategia nacional, sino seríamos una comunidad desordenada y anárquica”. Sin embargo, al siguiente día, el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de Salud para que se emitiera “un comunicado” con la autorización correspondiente y permitir que empresas y gobiernos las adquieran.

Los estados tendrían que acudir a un nuevo marco jurídico para adquirir y aplicar la vacuna, con la reforma del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las entidades federativas no solo perdieron dinero para atender la salud, también facultades en la materia. Además habrá que resolver la maraña regulatoria de la Cofepris y los trámites aduaneros. La directiva del presidente es solo política. Para llevarla a cabo, falta una serie de procesos que pueden no llegar a suceder. Y esto suponiendo que los laboratorios decidan vender masivamente a privados.

Los mensajes contradictorios dentro de la propia Administración Pública Federal generan incertidumbre y desconfianza, pero peor aún, generan inoperancia y un daño irreversible al Estado de derecho. Gobernar por comunicados destruye la poca institucionalidad alcanzada. La buena noticia al final de cuentas es que la vacuna llegará por una u otra forma.

Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO.

@ManuGuadarrama