Lo ocurrido el domingo pasado en Venezuela es un claro ejemplo de anormalidad democrática. El Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad encargada de la organización de elecciones en dicho país, determinó como irreversible el triunfo de Nicolás Maduro para reelegirse como presidente sin tener la totalidad de actas de las mesas de votación. La autoridad señaló que solo había procesado el 80% de ellas y aun así determinó que había un candidato ganador con más del 51% de los votos.
Dicho porcentaje de votación al parecer no tiene sustento. A inicio de esta semana, una de las principales figuras de oposición en dicho país, María Corina Machado, señaló que contaba con un alto porcentaje de las actas, que se iban digitalizar para actuar con transparencia y que con ello se demostraba que había ocurrido un fraude. Lo anterior, porque había forma de demostrar que Edmundo González contaba con el 73.20% de la votación. Lo que hace materialmente imposible que Maduro hubiera obtenido la cantidad de votos que señaló el CNE.
Que una autoridad electoral declare oficialmente como ganadora una candidatura sin contar con la totalidad de los datos y, sin evidenciar con transparencia los resultados de cada una de las actas computadas, confirma un actuar sesgado a favor de una opción política y transgrede con ello el principio de certeza e imparcialidad que debe regir todo proceso electoral. Todo ello en detrimento de la llamada integridad electoral.
Recientemente Nicolas Maduro señaló, como “concesión” por los reclamos internos y los posicionamientos internacionales, que solicitaría al Tribunal Supremo la realización de un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales. Sin embargo, debe quedar claro que dicho tribunal ha sido cuestionado por sus resoluciones afines al presidente Maduro.
Recordemos que dicho tribunal fue el encargado de confirmar la inhabilitación de Corina Machado como candidata a la presidencia, por el simple hecho de haber apoyado las sanciones que había emitido Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, así como por haber respaldado a Juan Guaidó, quien era un dirigente opositor que se había proclamado presidente interino de Venezuela en 2019. En otras palabras, dicho tribunal no ofrece credibilidad por carecer de independencia frente al poder.
Incluso, las dudas que existen sobre la institucionalidad electoral de Venezuela han sido plasmadas en distintos informes preliminares de observación electoral. Sobre este tema, también hubo una conducta de las autoridades venezolanas poco democrática.
Recordemos que la función de vigilancia no es privativa de las autoridades electorales y de los actores políticos. También las personas cuentan con el derecho a participar en los comicios a través de la observación electoral y con ello vigilar cómo se desarrollan las elecciones, pero no solo eso. Acorde a la resolución 1/24 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas observadoras electorales, tanto nacionales como internacionales, tienen el carácter de defensoras de derechos humanos. De ahí que sea muy importante garantizar el derecho a la observación electoral, lo que no ocurrió en el caso concreto.
El CNE y el gobierno venezolano habían mostrado apertura a la observación electoral externa, sin embargo, conforme fue transcurriendo el proceso electoral actuó de manera contraria. Refiero algunos ejemplos: A finales de mayo retiró la invitación de observación que se le había formulado a la Unión Europea. Canceló la participación de algunos líderes de la región sudamericana, particularmente la de Alberto Fernández, ex presidente de Argentina. Incluso, impidió la entrada del avión que transportaba a observadores que habían sido invitados por los dirigentes de oposición.
Las razones para impedir un mayor ejercicio de observación más plural se explican solas. El Centro Carter, una de las organizaciones que sí les fue permitido el ejercicio al interior del país, recientemente publicó una declaración en la que señaló que el proceso electoral se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. También precisó que no pudo verificar la autenticidad de los resultados.
La anormalidad democrática en Venezuela puede explicarse de manera sencilla: un abuso constante del poder, la cooptación de instituciones y la falta de contrapesos. También el caso venezolano sirve para demostrar que la realización de elecciones no significa democracia. Al contrario, pueden ser un disfraz del autoritarismo. No cerremos lo ojos frente a lo obvio y digamos que aquí en México no nos va a pasar.
Maestro en derechos humanos y democracia.
@ebuendiaz
