El estado de Veracruz (HR A-) es uno de los nueve estados que tendrán elecciones este año, y será una de esas primeras entidades que serán evaluadas por sus electores después de un primer sexenio con una administración morenista. Desde el punto de vista económico y electoral, es una administración clave. Me permito hacer una breve revisión de la evolución económica del estado y algunos de los retos e implicaciones para la siguiente administración.
La última acción de calificación del año pasado fue un incremento a HR A-. En este sentido, es una entidad que paulatinamente ha ido recuperando sus calificaciones crediticias gracias a los estrictos controles en el gasto y básicamente deteniendo el endeudamiento a lo largo de la administración; pero también reestructurando las condiciones de la deuda que recibió.
El punto más bajo de calidad crediticia se alcanzó en 2016, cuando la calificación tuvo una baja de HR A- a HR BB, principalmente por temas de gobernanza, crecimiento de pasivos circulantes y falta total de entrega de cuenta pública, que en su momento provocó que prácticamente toda la deuda estuviera en peligro de vencimiento anticipado. Después de siete años, se alcanza nuevamente la calificación que tuvo antes de ese periodo, lo que ha sido un camino complicado.
¿Cómo se ve hoy el estado desde el punto de vista crediticio? La Deuda Neta a Ingresos de Libre Disposición (ILD) estimamos que el año pasado llegó alrededor de un 72% y se mantendrá en los próximos años en una proporción muy similar; esta deuda neta es equivalente a un aproximado de 46,000mdp. El pasivo circulante es una métrica que sigue complicando las finanzas, ya que sigue obteniendo, por decirlo de alguna manera, financiamiento a través de sus proveedores; así, en términos de ILD, el indicador es de alrededor de un 20%, un equivalente aproximado de 12,200mdp, lo cual no es una cifra tan fácil de manejar y que impacta en la dinámica de la economía local. Esta es una de las variables que la próxima administración tendrá que revisar con cuidado.
El servicio de la deuda —pago de capital e intereses de la deuda a ILD— para el año pasado fue de un estimado de 11.8%, un aproximado de 7,600mdp, y que, como en todo el país, ha sufrido por las alzas en la tasa de referencia; si bien hay expectativas de que empiece una trayectoria a la baja, sigue siendo un reto, ya que es una cantidad que reduce el espacio fiscal del estado y es un gasto que no tiene margen de maniobra. La deuda de corto plazo hoy no consideramos que sea un factor de riesgo ante el cambio de administración, ya que por ley este tipo de obligaciones debe estar liquidada tres meses antes y para el caso del estado no identificamos un riesgo asociado. La última métrica de deuda quirografaria a deuda de largo plazo fue de 2.1%.
Los retos más importantes de la entidad están más asociados a la percepción del actuar del gobierno y a las expectativas de un cambio de administración que a los riesgos financieros, como lo fue en otra época. El comportamiento en general de la economía, si bien sigue siendo bueno —hay que recordar que el estado ocupa el sexto lugar de contribución la PIB nacional— debe estar acompañado por una buena percepción por parte de los electores, principalmente en el tema de un estado de derecho efectivo que reduzca la percepción de fenómenos como la corrupción y la inseguridad, sobre todo la relacionada al crimen organizado.
La infraestructura local es otra de las tareas pendientes para los tomadores de decisión. Aunque el no tomar financiamientos relacionados a inversión pública productiva ha favorecido las métricas de calidad crediticia, esto desde el punto de vista de política pública es un reto constante para un estado como Veracruz, donde por sus condiciones de ubicación y orográficas hace difícil el acceso y la provisión de servicios públicos a la población; además, es uno de los estados a nivel nacional que todavía muestra un atraso importante en indicadores de pobreza y rezago social.
Las pensiones estatales, como prácticamente todas las entidades de la república, ya tienen un sistema agotado, es decir, el gobierno tiene que hacer aportaciones extraordinarias para el pago de pensiones. De acuerdo con su estudio actuarial, estas aportaciones rondarán en los próximos años en un promedio de 3,400mdp, situación que también debería ser revisada en el corto plazo para buscar un esquema que beneficie al personal pensionado, sin reducir aún más el espacio fiscal del estado.
*Director General Adjunto de Análisis Económico en HR Ratings.
