La presidenta de México, luego de rendir protesta ante el Congreso de la Unión, en el evento masivo convocado en el zócalo de la CDMX, listó 100 compromisos para los seis años de su gobierno. Me referiré a los que se identifican con los números 10 y 11 y que aluden a la posible reforma electoral que propondrá más adelante.
Así, la primera mandataria señaló: “10. En su momento impulsaremos la reforma constitucional al sistema electoral, que fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo. En 2027 me someteré a revocación de mandato, como lo establece la Constitución”. Esto significa que concluidas las reformas que están en proceso y la emisión de leyes secundarias que reglamenten la reforma judicial, podría presentarse la iniciativa de reforma en materia electoral cuyos contenidos estarán cerca de la propuesta anterior de López Obrador, en la cual se consideró que para disminuir el costo de las elecciones era necesario convertir al INE en INEC, suprimir organismos y tribunales electorales locales, modificar el modelo de representación política, disminuir el financiamiento partidario, reducir a su mínima expresión la estructura del nuevo INEC y una larga lista de cambios al sistema electoral.
En paralelo, la presidenta compromete fortalecer los mecanismos de participación ciudadana sumando la posibilidad de que la ciudadanía participe en decisiones de interés colectivo a través de consultas y someterse a la revocación del mandato en 2027, con lo cual, siendo relevante que las y los mexicanos participen en la toma de las decisiones y que se evalúe la gestión del gobierno, el país estará siempre frente a las urnas, en un esquema de movilización y propaganda permanentes de la base electoral de la 4T. Nada en el contexto actual permite suponer que la estrategia y la voluntad políticas serán diferentes, todo camina a imagen y semejanza de lo que hizo su predecesor.
En el número 11, propone recuperar el principio democrático de no reelección, “para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto…” además de establecer la prohibición de que alguien suceda a un familiar directo en los cargos de elección popular. Recordemos que la reelección o elección consecutiva fue incorporada en la reforma de 2014 bajo la presidencia de Enrique Peña permitiendo que las diputaciones, federales y locales, puedan ser reelectas hasta tres veces después del periodo original, mientras que las senadurías y los ayuntamientos, pueden reelegirse por un periodo adicional.
Coincido con ambas propuestas, porque la reelección no logró integrar un poder legislativo más profesionalizado y competente ni desarrollar una pretendida carrera legislativa especializada, todo lo contrario, solo enquistó a un grupo de políticos que se mantienen en esos cargos públicos, muchos de ellos sin aportaciones verificables; además de impedir una rotación generacional en los partidos. En el segundo caso, es inaceptable que, sobre todo, en el ámbito municipal, se turnen las presidencias municipales entre familiares directos, como si dichos cargos fuesen propiedad privada.
Es claro que el sexenio apenas inicia y que se requiere revisar a detalle las redacciones que se propongan y los efectos que tendrán en la institucionalidad y en los derechos político-electorales de nuestro país. Lo deseable es que la presidenta cumpla el objetivo enunciado de gobernar para todos, de impulsar reformas que apoyen la recuperación de la democracia mexicana y eviten consolidar la autocracia de las mayorías que dejó sembrada el anterior presidente.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos