Por: Dainzú López de Lara
El presente proceso electoral enfrenta diversos retos, sin embargo el mayor problema que se ha manifestado es la violencia política y en particular en contra de las mujeres.
Este tipo de violencia ha sido normalizado, como casi toda la violencia en contra de las mujeres, por lo cual resulta difícil identificarlo y denunciarlo. De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (2017), dicha práctica consiste en acciones u omisiones en contra de mujeres con el objetivo de menoscabar o anular su participación política plena. Esto se da en el marco del ejercicio de sus derechos políticos o electorales e incluso en el ejercicio de un cargo público.
Según la FEPADE en los comicios de 2015, 2016 y 2017, las mujeres electas vivieron amenazas e intimidación. La violencia política contra las mujeres disminuye la práctica democrática y genera un cáncer social, que fortalece las desigualdades entre hombres y mujeres.
El marco legal de protección en México obliga a los partidos políticos, desde 1996, a establecer “cuotas de género”. La última reforma de 2014, o llamada Ley de Paridad de Género, establece que los partidos políticos hagan públicos sus criterios para garantizar la paridad y establece que no se admiten criterios en los que las mujeres sean asignadas a distritos en donde el partido haya perdido la elección anterior. Además de que la mitad de sus listas estén conformadas por mujeres. Sin embargo, Flavia Freidenberg de la Red Politólogas #NoSinMujeres, dice que, a pesar de la ley, siempre se crean nuevas estrategias de resistencia a la paridad, ya que ahora los partidos no eligen a los militantes, invitan a mujeres a ser candidatas, dependiendo de su pertenencia a grupos o por lazos familiares, económicos o de sumisión y hasta hacen “pactos de caballeros” intercambiando mujeres.
De acuerdo con la FEPADE de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes de violencia política por razones de género. El TRIFE ha recibido, para estas elecciones 93 denuncias, donde 37 fueron desechadas por falta de conocimiento de cómo presentar una queja. Según la magistrada del TEPJF, Mónica Soto (05/03/2018), la Ley de Paridad es la que dispara la violencia política contra las mujeres, ya que se realiza en muchos niveles y grados, desde amenazas, perder sus papeles, darles información y capacitación falsa, etc.
Soto señala que están trabajando en formar una red de abogados y abogadas que manejen el tema de violencia de género para que las mujeres afectadas puedan recurrir a ellos. La magistrada señala que esta violencia persiste ya que hay una visión patriarcal con respecto a los cargos públicos, resistencias al cambio y pérdida del status quo de los varones, que consideran los espacios políticos como pertenecientes al género masculino.
En mi opinión, la Ley de Paridad no es la responsable del problema del aumento de la violencia, sino evidencia que las mujeres todavía no contamos con las herramientas para presentar denuncias procedentes o exitosas. El reto de estas elecciones, como asegura la Red Politólogas #NoSinMujeres, será ir un paso más allá, al apoyar realmente a las militantes y sus campañas, no sólo darles candidaturas. Para atacar el problema de fondo no basta con implementar protocolos o cuotas. En México el ejercicio del poder por parte de las mujeres es todavía un gran desafío.
Profesora-investigadora de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Renata Chabert colaboró en esta investigación.
